VENEZUELA

Estudiantes rechazan presencia de la PNB en la UCV y exigen respeto a la autonomía

por El Nacional El Nacional

El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV (FCU – UCV), Jesús Mendoza Morales, rechazó la presencia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el campus de la casa de estudios y exigió a las autoridades de la institución velar por el respeto a la autonomía universitaria.

“Exigimos que la PNB no ingrese más de manera arbitraria al recinto universitario. La autonomía universitaria está consagrada en el artículo 109 de la Constitución. Esta incursión es una clara violación a nuestra Carta Magna. Por ello acudimos al Consejo Universitario”, expresó Mendoza en su cuenta en la red social X.

“Hacemos un llamado a las autoridades universitarias a comprometerse en la defensa de la autonomía, y también le pedimos al rector a hacer la denuncia ante el CNU y coordinar acciones con las demás universidades nacionales autónomas un frente por la autonomía”, añadió el estudiante.

Asimismo, recordó que John Álvarez tiene 63 días detenido injustamente, por lo que este mes, en el que se celebra el Día del Estudiante Universitario, alzarán nuevamente la voz para exigir su liberación.

“Basta de tratos crueles, de amedrentamiento a sus familiares y amigos. ¡Ser estudiante no es delito!”, dijo Mendoza.

El mes pasado, familiares, estudiantes y la defensa de Álvarez denunciaron que el joven fue sometido a torturas físicas por parte de funcionarios del Estado.

Luego de más de un mes detenido, se supo que el estudiante de 24 años de edad perdió la visión del ojo izquierdo, tiene una lesión en la pierna derecha y sufre inflamación del riñón izquierdo.

«Mi hijo fue torturado. Le aplicaron corriente en sus costillas, rodillas y en sus testículos. Lo golpearon con objetos contundentes por sus glúteos, cabeza y todas partes», afirmó Wendelin Peña, madre del joven.

Según la ONG Provea, Álvarez fue arrestado debido a su presunta implicación en planes conspirativos en el caso de los seis luchadores sociales condenados a 16 años de cárcel por un reporte anónimo.