Desde abril de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se había mantenido inhibido de su acción en lo que concierne al caso Venezuela I, referido a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2014 y 2017. Sin embargo, este martes 1 de noviembre Khan anunció que introdujo una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I para reanudar las averiguaciones por parte de su oficina.
El Nacional conversó con Soranib Hernández de Deffendini, experta en derecho internacional y miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional. La abogada destacó que de concretarse la autorización solicitada por Khan, se consolidaría el ingreso a la etapa definitiva en la cual se espera que las víctimas obtengan justicia.
Fiscal de la CPI inhibido de sus competencias
En primer lugar, Hernández de Deffendini recordó que Khan se encuentra inhibido de sus competencias en el caso Venezuela I desde abril de este año debido a una petición del Estado venezolano que recurrió al artículo 18.2 del Estatuto de Roma, que contempla que la Fiscalía se inhibe o se abstiene de investigar por su propia cuenta durante un plazo de seis meses, dejando el proceso en manos del Estado en cuestión. Pero con la salvedad de que el fiscal de la CPI debe ser informado oportunamente, sin dilaciones indebidas, del avance de las investigaciones para determinar y castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, transcurridos los seis meses de la inhibición, el fiscal considera necesario que su oficina retome la investigación.
“Aplazamiento pedido por Venezuela no está justificado”
En un documento divulgado este lunes Khan indicó que «después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles», concluyó «que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación».
Y señaló que reconoce lo que llamó «considerables esfuerzos» por parte del gobierno de Nicolás Maduro para compartir información sobre sus procedimientos. También mencionó que se han producido acciones encaminadas a reformar el sistema de justicia venezolano. No obstante, el fiscal considera que estas medidas no son suficientes.
«En la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes», indicó Khan.
Dilaciones indebidas o encubrimiento al alto mando
Al respecto, Hernández de Deffendini indicó que existen dos posibles escenarios que llevaron a Khan a tomar la decisión de reanudar la investigación.
El primero es que el Estado venezolano haya incurrido en dilaciones indebidas en la entrega de informes acerca de sus avances; el segundo es que, aunque se entregaran los informes de manera oportuna, la justicia venezolana no haya encaminado sus acciones a castigar efectivamente a los verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el entorno de las protestas de 2014 y 2017. En otras palabras, que no se haya castigado a las figuras de alto rango involucradas en los crímenes.
Y agregó que el Estatuto de Roma justamente establece que la CPI solo investigará, sancionará y castigará a los altos mandos de un Estado cuando este no lo hace.
«En el caso venezolano solamente se han puesto en marcha investigaciones, sanciones y juicios a los subordinados. Por lo tanto, el fiscal, suponemos, ha identificado que no se han producido los juicios, las investigaciones a los altos mandos. Y por eso se justificaría la activación de la jurisdicción subsidiaria y complementaria de la Corte Penal Internacional», explicó la abogada.
¿Qué va a pasa al reanudarse la investigación de la CPI?
Hernández de Deffendini explicó asimismo qué pasará una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares I autorice a Khan a retomar la investigación.
«El fiscal va a reunir y a examinar todas las pruebas de las cuales dispone, que le han entregado diversas fuentes confiables y creíbles; va a interrogar a personas bajo investigación (sospechosos); va a interrogar a las víctimas y testigos con el fin de hallar pruebas sobre la inocencia o culpabilidad de los sospechosos», expuso.
Y añadió que en esta fase el fiscal puede solicitar la asistencia de organizaciones internacionales y de los Estados parte del Estatuto de Roma.
«En ese sentido, es importante un acuerdo existente entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea sobre el cual nosotros (la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional) estuvimos desarrollando algunas líneas de acción en el año 2020, cuando entregamos el memorial ante la oficina del fiscal para activar este acuerdo de cooperación entre la UE y la CPI», informó la experta.
Justicia
Hernández de Deffendini enfatizó la importancia de esta fase. «Estamos en la etapa decisiva», afirmó.
«En esta fase de investigación es donde entran a actuar las víctimas, los testigos, las ONG, los abogados, los representantes de las víctimas, los Estados parte y las organizaciones internacionales. Estamos en una fase importantísima en la que evidentemente las víctimas y sus representantes tienen un papel preponderante. Estamos próximos a la justicia internacional por la cual se ha trabajado tanto», remarcó.
Asistencia internacional
Sobre las organizaciones internacionales a las que el fiscal de la CPI podría solicitar asistencia, Hernández de Deffendini mencionó los sistemas de protección de derechos humanos de la ONU.
«La ONU tiene los mecanismos convencionales, que son todos los tratados internacionales de protección de derechos humanos. También los mecanismos extraconvencionales, que son los comités que vigilan el cumplimiento o incumplimiento por parte de los Estados parte. Esto incluye el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Prescripción de los Crímenes de Lesa Humanidad», dijo.
Igualmente, se refirió a las Misiones de Expertos Independientes de la ONU, los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los informes de los comités regionales de derechos humanos.
«En definitiva, estamos en una fase verdaderamente importante para el desenlace de la investigación y para que podamos pasar ya a la identificación y establecimiento de las responsabilidades penales individuales del alto mando civil y militar en Venezuela», reiteró.