Estados Unidos planea deportar a tres venezolanos a Chile, a quienes considera miembros de la pandilla Tren de Aragua, bajo una ley de 1798 que permite declarar a personas «enemigos extranjeros» en tiempos de guerra, informó el Departamento de Justicia este lunes.
El gobierno de Donald Trump invocó esa ley en un decreto del 15 de marzo para justificar la deportación de más de 200 personas a El Salvador ese mismo día, a quienes Washington considera miembros del Tren de Aragua, grupo que fue declarado «organización terrorista global». Sin embargo, no se presentaron pruebas.
Otros casos bajo la Ley de Guerra
El 15 de marzo, un juez federal suspendió las deportaciones bajo esa ley del siglo XVIII, lo que llevó a la administración a apelar. Este lunes, Washington anunció su intención de reactivar la ley, esta vez contra los venezolanos Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio. El Departamento de Justicia los acusa de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos tras supuestos crímenes cometidos en Chile.
«Estos tres miembros del Tren de Aragua representan un grave peligro para la seguridad pública y la seguridad nacional de Estados Unidos, tal como supuestamente lo hicieron en Chile», afirmó el fiscal general adjunto Todd Blanche en un comunicado.
El Departamento de Justicia aseguró que los enviará «de inmediato a Chile», en respuesta a una solicitud de las autoridades chilenas. «De hecho, ya habríamos enviado a estos miembros violentos de la pandilla a Chile para enfrentar la justicia si no fuera por la orden judicial nacional impuesta por un solo juez», expresó el ministerio de Justicia antes de una vista a la corte federal de apelaciones en Washington.
El juez confirmó la suspensión este lunes tras una audiencia el viernes. Alega que los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales de Estados Unidos su pertenencia al Tren de Aragua antes de ser deportados.
El juez James Boasberg también destacó la falta de transparencia de la administración Trump, pues el decreto fechado el 14 de marzo se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.
La expulsión acelerada de un extranjero bajo la ley de 1798, sin permitirle salir voluntariamente o impugnar la orden, es considerada ilícita, escribió el magistrado.
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