Cismary Marcano, esposa del empresario que será extraditado a Venezuela, pidió el jueves a la justicia española que revise nuevamente el caso para que desistan de la deportación.
La Audiencia Nacional de España acordó el miércoles extraditar a Venezuela a Ernesto Luis Quintero Méndez, acusado de estafa continuada cuando trabajaba en una casa de bolsa de Maracaibo.
A Méndez se le acusa de vender inversiones de sus clientes sin su autorización y desviar los fondos a las Islas Vírgenes.
Con esta decisión, conocida este viernes, el tribunal puso fin al proceso de extradición de Quintero abierto hace dos años después de que el venezolano, reclamado por las autoridades de su país, fue detenido en Madrid en febrero de 2019.
Quintero habló en varias ocasiones sobre su extradición aludiendo que, con su entrega política a Venezuela, corría peligro su vida y la de su familia. Sin embargo, en diciembre pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó su recurso.
El abogado de Quintero, Ismael Oliver, adelantó a Efe que solicitará la suspensión de la ejecución de la entrega y pedirá amparo al Tribunal Constitucional español.
Fuentes jurídicas añadieron que las últimas elecciones en Venezuela no cambiaron esa situación de peligro para el acusado si es entregado a Venezuela, por lo que pedirá asilo político en España.
Por su parte, el representante en España del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Antonio Ecarri, rechazó la extradición.
«Considera que llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno usurpador de Venezuela ha sido denunciado como violador de los derechos humanos», dijo.
El auto judicial indica que Ernesto Luis Quintero Méndez está acusado de un delito de estafa por haber vendido sin autorización de sus titulares títulos valores, desviando los fondos a otra entidad con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La resolución detalla que diversos responsables y trabajadores de ABA Mercado de Capitales, Casa de la Bolsa S.A, entre ellos Quintero, hicieron un manejo fraudulento de las inversiones de sus clientes, con ventas y traspasos de los títulos valores sin su autorización.
Lo que dice la justicia española
En 2010 la empresa fue intervenida por el Estado, en la que el acusado siguió trabajando otros tres años, una situación que, a juicio de la sala, demuestra que las autoridades venezolanas no estaban en contra de las empresas destinadas a hacer inversiones, tal y como alegó el acusado.
Tampoco hay datos, señala el auto, que permitan deducir que la reclamación obedezca a una persecución política porque no habiendo cambiado el régimen desde 2010 y habiendo permanecido el reclamado en su país varios años después de la intervención, no hay cambio de criterio político.
De hecho, la Audiencia Nacional española sostiene que Venezuela no reclamó judicialmente a Quintero hasta que no se aclaró la falta de los depósitos realizados por pequeños ahorradores.
«No se deduce de la reclamación presentada la existencia de ningún motivo que permita deducir que el reclamado será objeto de malos tratos o vulneración de sus derechos fundamentales», concluye el auto que ordena la entrega a Venezuela del acusado.
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