Este domingo 28 de junio se cumplen un año de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Su esposa, Waleswka Perez de Acosta, exigió que se condene a todos los responsables de su asesinato.
Acosta Arévalo murió en 2019 bajo custodia de funcionarios del Estado venezolano. Un día antes de morir, cuando iba a su audiencia de presentación, el militar no podía ponerse en pie. Cuando le preguntaron si había sido torturado por la Dgcim; el efectivo castrense asintió con la cabeza y pidió auxilio.
El cuerpo del capitán presentó evidentes signos de torturas, según información de la autopsia que se filtró para ese entonces.
En un comunicado, la esposa del militar recordó que el cuerpo del capitán les fue entregado a sus familiares 13 días después. El cadáver fue enterrado bajo lo que el régimen llama una inhumación controlada, un sepelio al que sólo pueden asistir cinco familiares y con el ataúd tapado.
Un día después de la muerte de Acosta Arévalo, se entregaron a las autoridades el teniente Tarascio Ascanio y el sargento segundo Estiben Zarate.
El 4 de julio del 2019 se les imputó a estos funcionarios el cargo de homicidio preterintencional con causal por la muerte del capitán y el 24 de septiembre los sentenciaron a 6 años y 8 meses.
Pérez destacó que a los familiares del capitán no se les informó ni se les permitió el ingreso a la audiencia de los presuntos culpables y tampoco pudieron apelar la sentencia.
Destacó que pidió ayuda a la Oficina de la Alta Comisionado de los Derechos Humanos para realizar un examen forense y no obtuvo ninguna respuesta.
Exigió y exhortó a la ONU, OEA, CPI y organizaciones de los derechos humanos que condenen, sancionen y penalicen a toda la estructura criminal responsable de la tortura y el asesinato de Acosta Arévalo.