Ante la aprobación en primera discusión de la Ley para Protección de Pensiones, presentada al Parlamento nacional por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, especialistas advirtieron sobre una posible tributación redundante si esta ley llegase a aprobarse de forma oficial, puesto que las empresas ya vienen haciendo aportes en materia de seguridad social, entre esos el correspondiente al del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Correo del Caroní entrevistó al especialista tributario Camilo London, quien afirmó que se trata de una imposición que llega en el marco de un patrón de voracidad fiscal en el país. Además señaló que es un impuesto redundante tomando en cuenta que los empleadores ya pagan una serie de tributos en materia de seguridad social.
“El término sería una múltiple imposición a una misma base. Los salarios ya están gravados por una serie de contribuciones de carácter parafiscal como es el aporte al Seguro Social. Todas ellas están enfocadas en establecer lo que debe pagar el patrono y que se calcula sobre el salario. Esta imposición sobre los salarios que paga el patrono implicaría una nueva contribución sobre una base que ya está gravada. En el caso específico el régimen de pensiones, eso está dentro del marco de lo que corresponde a seguridad social. Los patronos ya contribuyen en un porcentaje, aquí se estaría estableciendo un monto adicional a lo que ya se está pagando”, expresó London.
Esta normativa contiene dos capítulos y trece artículos, según plantea, su objetivo es contrarrestar el efecto de las sanciones económicas que se han impuesto contra Venezuela. A su vez expone que para la recuperación económica es necesario contar con el sector privado.
De ser aprobada, la normativa obligaría al empresario a hacer un pago mensual de hasta el 15% del total de su nómina al Estado para sostener un fondo que estaría destinado a mejorar las pensiones, las cuales permanecen desde 2022 en 3,5 dólares. El porcentaje está explicado en el artículo 7 del texto. Asimismo señala que será el Seniat el encargado de recaudar estos impuestos y que el mismo es independiente de los aportes hechos por las empresas al Seguro Social (artículo 11).
La tributación toma como base el ingreso mínimo
A diferencia del resto de cotizaciones de seguridad social, este aporte tomará como base el ingreso mínimo, recientemente fijado en 130 dólares, y no el salario (artículo 7).
Especialistas aseguran que es un mecanismo que va contra la recuperación económica planteada por el Estado y, además, que se trata de una alícuota muy alta.
“La ley va a terminar siendo cambiada. Es demasiado antieconómica y es un duro golpe para el intento de recuperación. Cuando las economías caen tanto, lo ideal no es hacer más impuestos, sino estimular la economía. En esta ley pasa todo lo contrario, si tienes 100 trabajadores, tendrás que pagar mil o 2 mil dólares, dependiendo lo que les pagues al mes. Aunque dicen que se podría devolver como Impuesto sobre la Renta, igual podría haber una devaluación y hacerte perder gran parte de lo que pagaste. Tiene alícuota muy grande. Además es una doble tributación porque ya existe un pago relacionado al IVSS que pagas por trabajador. Si se hubiera aumentado el salario, se hubiera aumentado la alícuota que va para el fondo de pensiones y este impuesto no tendría sentido. Tendrá un impacto inflacionario porque los empresarios van a cargar el impuesto a las mercancías que produzcan”, declaró el economista Manuel Sutherland en entrevista con Correo del Caroní.
Asimismo Sutherland destacó que las pensiones son responsabilidad del gobierno, ya que fueron otorgadas a personas que no cotizaron o tenían cotizaciones pendientes. Sobre esto, en su alocución del 1 de mayo, Maduro dijo a los empresarios que “no le pueden echar todo el carro”, refiriéndose a la exigencia de mejores condiciones de vida para los adultos mayores.
Nuevo tributo podría disparar otra crisis inflacionaria
Especialistas coincidieron en que, ante la necesidad de cumplir con el aporte, el sector privado aumentará el valor de sus productos terminados, lo que derivará en un nuevo proceso inflacionario.
“Considerando que ya la carga impositiva en Venezuela es elevada, está en el orden del 60% a 70% de la utilidad, cualquier nuevo tributo será una carga más pesada para las empresas formales. Si sigues aumentando la carga impositiva de las empresas sin que exista un mayor nivel de desarrollo, la consecuencia será la falta de incentivo de seguir creciendo e incrementando sus nóminas. Estaríamos hablando de un incremento que podría ser del 15% de la nómina, estarás menos incentivado a contratar personas o subir los sueldos porque cada aumento significa un aumento a la carga impositiva asociada a ese salario”, acotó London.
El presidente provisional de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, calificó como cuesta arriba cumplir con esta normativa, especialmente en municipios como Caroní, donde la carga impositiva es alta.
“Se está subsistiendo con el aumento de servicios como electricidad, desechos sólidos y si le sumas algo más, sigues aumentando los gastos operacionales. Lo del Seguro Social lo paga el sector privado por los sueldos. Indudablemente esto no es ideal. Esto nos hace menos competitivos y los márgenes de utilidad disminuyen. Eso conlleva a que los negocios hagan un incremento en los productos terminados. Esperemos que en segunda discusión haya flexibilidad y se pueda mejorar para el sector privado”, manifestó González, quien destacó que los comercios pequeños serán los más afectados.