Europa, concretamente el Parlamento, dio un paso importante en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela al reconocer el jueves a Edmundo González Urrutia como presidente electo (en el exilio) en las elecciones del pasado 28 de julio.
La aprobación no fue sencilla y opositores venezolanos en el exilio, como el exalcalde Antonio Ledezma, trabajaron fuertemente en Bruselas para convencer a los eurodiputados y lograr un resultado de 309 votos a favor y 201 en contra.
Los primeros en dar este estatus a González Urrutia fueron el Congreso y Senado españoles, justo unos días antes. Lo que se constituyó en una “victoria” para los opositores, quienes al parecer han trasladado su lucha a Europa, dejando un poco de lado a Estados Unidos, un bastión que solía estar en primera línea, pero que ahora se observa más comedido.
Sin duda, González Urrutia, con su experiencia diplomática, también hace parte de esta articulación en Europa. Ahora, desde su exilio en España, quedó demostrado que fue forzado a acatar con su firma el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que certificaba el triunfo de Nicolás Maduro, una instancia a la que no le correspondía dicha decisión.
Esto tras sus declaraciones y los audios que fueron publicados por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. Los cuales, además, estuvieron acompañados de fotografías en las que se observa a él y a su hermana Delcy entregándole documentos al líder opositor, quien insiste en la “coacción” a la que fue sometido en la residencia del embajador español en Caracas.
Foto EFE/ Ministerio De Exteriores
Ahora parece que España se convierte en el centro de la resistencia opositora venezolana. Lo que molesta al gobierno de Maduro, quien llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez. Esto en un episodio que ha suscitado roces debido a las contradicciones de ambas partes sobre el exilio de González Urrutia y los detalles de su salida de Caracas.
Caracas dice que Madrid fue parte de la negociación, mientras que la contraparte lo niega. El mismo González Urrutia tuvo que “aclarar” que no fue coaccionado por el Ejecutivo español para dejar su país.
Ahora con una lucha centrada en Madrid, la situación ha propiciado el optimismo en el exilio opositor, que se concentra en una buena parte en ese país. Sin embargo, sigue una pregunta en el aire: ¿qué tanto pueden articular la oposición en el exilio y Edmundo González para ayudar a María Corina y presionar a Maduro desde España?
“La oportunidad para conocer la estatura de estadista de Edmundo González está servida. En su nueva situación, el presidente electo puede hacer un trabajo extraordinario de cara a la transición en Venezuela. Lo más importante es que se sienta arropado por todos los sectores políticos y sociales comprometidos con el cambio en Venezuela y en el mundo”, dice a El Tiempo el exdiputado Juan Pablo García.
García es parte del exilio venezolano en Madrid y uno de los que impulsaron en el Senado español el reconocimiento al presidente electo. García huyó en 2019, perseguido por el régimen venezolano, y era uno de los impulsores de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), una propuesta impulsada –en la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó– por los integrantes de la fracción 16 de julio, aliados de María Corina Machado.
Para García, el presidente electo sí tiene un margen de maniobra, aunque esté fuera de Venezuela. Y esto sucede porque considera que España es un país democrático “donde suele prepararse la base de las políticas de la Unión Europea hacia Venezuela y donde hay un potente exilio venezolano. Creo que son condiciones excelentes para continuar con su labor”.
De su lado, González Urrutia se ha limitado a unos cuantos comunicados publicados en redes sociales, según ha explicado su abogado en Caracas, José Vicente Haro.
“Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable”, afirmó el opositor tras su reunión con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
Y al parecer los líderes confían en que hay posibilidades reales de articular la salida de Maduro, quien nunca presentó las pruebas de su triunfo, a pesar de la postura de la Moncloa. “Tenemos que conocer las actas para con transparencia saber cuál fue el resultado electoral. Esa es la posición del gobierno de España”, dijo en el congreso Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia.
Un frente internacional
González Urrutia ahora pasa a encabezar “un frente internacional que en un tema como el de Venezuela es muy importante. Tendremos entonces a María Corina Machado como líder del frente y la presión nacional y a Edmundo como el líder de la presión internacional para lograr construir más apoyo”, dice a este diario Julio Borges, exdiputado venezolano también exiliado en España.
Muchos han cuestionado la partida de González, pero para la diáspora es un aliciente.
“A pesar de que ya estamos muy bien organizados, la presencia de Edmundo en España puede ayudar a multiplicar y a potenciar nuestro trabajo de cara a seguir aislando y deslegitimando a la dictadura, que responde a los intereses contrarios de América Latina y que está totalmente subordinada a Rusia, Irán, Cuba y China y que está en el cuadrante antidemocrático y anti-Occidente”, insiste Borges.
Borges fue presidente del Parlamento y debido a la persecución del gobierno de Maduro tuvo que huir primero a Colombia y luego a España. También se desempeñó como representante de relaciones exteriores del interinato de Juan Guaidó.
Conociendo el tema internacional, Borges insiste en que la salida de González se dio por la presión de Maduro y los oficios del expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha interpuesto sus oficios en múltiples crisis pasadas. Pero que la oposición ha visto frecuentemente como un aliado del régimen chavista.
Maduro “es el policía malo, y Zapatero el policía bueno que es tan perverso como el policía malo. Ambos trabajando para debilitar el triunfo del 28 de julio”, dice Borges. Borges y García coinciden en que este exilio apalanca la lucha de los actores concentrados en España, que además son figuras importantes, como el exalcalde Ledezma y el opositor líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
“Aquí es factible articular a sectores muy importantes de la Venezuela actual. Las recientes concentraciones de venezolanos en Madrid, absolutamente multitudinarias, son ejemplo de ello”, dice García. Aún es muy pronto para dibujar un posible desenlace, al menos en lo político o de cara al 10 de enero, cuando toma posesión el nuevo presidente de Venezuela.
Además, esto se suma a las recientes tensiones que se han desencadenado entre Madrid y Caracas, que tuvieron un nuevo episodio luego de que el chavismo acusó a los servicios de inteligencia españoles de fraguar un supuesto complot contra Maduro, lo que España rechaza tajantemente.
Algo que hasta ahora parece previsible es una posible ruptura de las relaciones Caracas-Madrid. Esto según lo dejó ver el presidente del Legislativo venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, quien amenazó con cerrar todas las relaciones comerciales, diplomáticas y aéreas.
Con esto el gran perjudicado es Caracas, que ya tiene más del 50% del espacio aéreo reducido tras la reciente ruptura con Panamá y la República Dominicana. Además, Repsol, la petrolera ibérica, ha firmado grandes negocios con Petróleos de Venezuela, dándole una bocanada de aire a la economía venezolana, siempre dependiente del hidrocarburo.
Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Foto: EFE/ Ministerio De Exteriores.
Republicanos y demócratas
Volviendo a América, los republicanos estadounidenses pidieron una pausa en las licencias petroleras y más presión al gobierno venezolano. Mientras los demócratas lamentaron que la diplomacia no dé fruto, pero ambos coincidieron en plantar cara a la “dictadura” de Maduro, en una sesión el viernes en el Congreso.
En un país muy polarizado, sobre todo cuando falta poco menos de mes y medio para las elecciones presidenciales estadounidenses, cuesta encontrar puntos en común entre los demócratas del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y los republicanos que secundan a Donald Trump. Pero una sesión del subcomité para América Latina y el Caribe de la Cámara de Representantes dejó patente que se dan la mano contra lo que califican de “dictadura”.
El viernes, Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien le expresó su “preocupación por la violencia poselectoral y por las acusaciones de violaciones de los derechos humanos”. La llamada fue a iniciativa del presidente venezolano, especificó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
En esa llamada, Guterres insistió a Maduro en que es necesario “resolver cualquier disputa política pacíficamente a través de un diálogo genuino e inclusivo”.
El portavoz no explicó cuál fue el mensaje que transmitió Maduro, pero dijo que “habló de manera muy clara y franca sobre cómo ve la situación”, ante lo cual Guterres “tomó nota”.
En anteriores pronunciamientos, Guterres ha exigido a Venezuela que comunique los resultados detallados de las actas electorales de los comicios del 28 de julio, lo que no ha sucedido. Y ha lamentado la falta de transparencia de las autoridades venezolanas. Sin embargo, también ha dicho recientemente que las sanciones económicas impuestas por Washington “no ayudan” a resolver la situación.
Pese a esas palabras, el canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó a Guterres la semana pasada y dijo que el secretario general “evita condenar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales (y) se coloca del lado de quienes sancionan ilegalmente. Es una afrenta al mandato que le han dado los Estados, todo por defender a los agresores de Venezuela”, señaló.
Percepción que varios países latinoamericanos no comparten, pues pidieron al Consejo de DDHH de la ONU que investigue las gravísimas violaciones del régimen a los derechos humanos.