La Contraloría General de Venezuela anunció inhabilitaciones a cuatro opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer «cualquier cargo» público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se puede constatar este miércoles en la página web de la institución.
Los sancionados hasta el año 2039 son el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda, norte), Elías Sayegh, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el exparlamentario Juan Caldera está inhabilitado «por 12 meses».
De los cinco, Guanipa, Ocariz y Caldera pertenecen al partido Primero Justicia (PJ), intervenido el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entregó el mando al candidato presidencial José Brito, expulsado de la formación en 2020 ante señalamientos de presunta corrupción.
Tras conocerse las inhabilitaciones, diversos políticos reaccionaron. El exgobernador César Pérez Vivas sostuvo que el único delito que han cometido los dirigentes ha sido respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia.
«El único ‘delito’ ante los ojos del régimen es respaldar el liderazgo de Machado y la candidatura de Edmundo González», dijo Pérez Vivas.
Inhabilitaciones son un atropello
Similar fue el mensaje de Andrés Caleca, quien resaltó que «es un atropello a todo nuestro Municipio y a sus electores. Así actúan las dictaduras». En ese sentido, envió un mensaje de solidaridad al alcalde del municipio Los Salias, Josy Fernández.
Entre tanto, Primero Justicia también rechazó la medida en contra de los opositores. Resaltó que la organización política se mantendrá apoyando la candidatura decidida por la Plataforma Unitaria. Además, pidió a la comunidad internacional seguir la situación de Venezuela.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por una Venezuela donde prevalezca la justicia. Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela, manteniéndonos firmes en nuestro objetivo de reconstruir el país a través del voto, la participación masiva en las elecciones presidenciales del 28 de julio y garantizar el triunfo de la unidad democrática, liderada por el Embajador Edmundo González Urrutia», señaló Primer Justicia.
En ese sentido, la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación calificó las inhabilitaciones como ilegales e inconstitucionales.
«Además, la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos contra un miembro de nuestra delegación de negociación, viola las pautas que rigen el proceso y el debido trato que se debe a nuestros delegados, y se asemeja al tratamiento recibido con anterioridad en contra de otro miembro de esta delegación», señaló la delegación.
«Exigimos la restitución de los derechos políticos de todos los inhabilitados, el cese de la persecución y criminalización de la política y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Barbados», agregó.