Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para lo Derechos Humanos, lamentó este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro ya no permita que su oficina en Caracas visite las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de El Helicoide y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta.
Dijo, durante la presentación oral de la actualización de su informe sobre Venezuela, que mantiene sus preocupaciones por las condiciones de detención en esos centros porque no son adecuados para privar a personas de su libertad debido a riesgos de malos tratos, incomunicación y otros.
“Lamento que ya no se le permita el acceso a mi equipo”, expresó.
Bachelet reiteró su pedido de que se les otorgue la libertad plena e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente. Particularmente a las que fueron catalogadas de esa forma por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias y aquellas que cumplieron su condena o que recibieron boletas de excarcelación.
Instó a las autoridades a garantizar a los apresados el derecho a un abogado de su elección y la atención médica oportuna y adecuada a aquellos que la necesiten. Agregó asimismo que las reformas legales adoptadas para reducir las demoras judiciales deben implementarse a la brevedad.
En un año: 68 liberados
La expresidenta de Chile indicó que entre mayo de 2021 y abril de este año, periodo en el que se basa la actualización de su informe sobre Venezuela, su equipo visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas 46 mujeres.
“Quiero reconocer los esfuerzos por mejorar las condiciones de detención. Incluso mediante la reducción del hacinamiento y aliento a las autoridades para que aseguren cambios estructurales más sostenibles”, manifestó la alta comisionada.
Afirmó que su delegación ha discutido con las autoridades de Venezuela la preocupación por casos individuales en donde se han denunciado presuntos malos tratos y otras violaciones a los derechos humanos. Ese trabajo, aseguró Bachelet, ha contribuido en la liberación de 68 ciudadanos, incluidas 14 mujeres. “Aproximadamente la mitad de estas personas fueron puestas en libertad condicional”, añadió.
“Avances” en recomendaciones
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció que, a tres años de su visita en Caracas, ha habido avances en la implementación de las recomendaciones formuladas por su oficina, como las reformas relacionadas con la justicia, la policía y las detenciones.
“Pido a las autoridades que tomen más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo. Hago un llamado para que las iniciativas legislativas estén acompañadas por consultas genuinas a inclusivas con la sociedad civil”, expresó.
Bachelet señaló la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocidas como el Escuadrón de la Muerte en alguno sectores, en línea con sus recomendaciones. Esa reestructuración, indicó, es “una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos” como el fortalecimiento de la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad y de los procesos de investigación en todos los niveles.
Menos muertes en operativos
Señaló asimismo que documentó menos muertes en el contexto de operativos de seguridad que en años anteriores. Aun así, agregó, una sola víctima es demasiado.
“También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de defensa y seguridad en siete casos de muertes en protestas que ocurrieron en 2017, monitoreados por mi oficina y quiero alentar a que se haga más”, dijo.
Mencionó el caso del concejal Fernando Albán, por el que dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional recibieron una condena por homicidio culposo y los beneficiaron con una reducción de su pena a dos años y ocho meses de prisión.
Investigaciones independientes
Recordó la alta comisionada que durante el proceso los familiares de Albán denunciaron que en la investigación no se tomaron en cuenta posibles signos de tortura o malos tratos y responsabilidades superiores. Instó a las autoridades, por esos motivos, a que continúen con las investigaciones por la muerte del dirigente y activista de Primero Justicia.
“Sigo instando a que se lleven investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores y a la reparación completa de las victimas y sus familias”, manifestó.
“Me conmueve la perseverancia de las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia y pido a las autoridades que permitan su participación significativa en todo el proceso judicial”, agregó Bachelet.
Preocupaciones por el “nuevo” TSJ
En cuanto a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la expresidenta chilena aseguró que ha notado las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados, lo que violenta lo establecido en la Constitución, así como los vínculos entre los jueces y partidos políticos.
“Es importante fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en Venezuela. Exhorto a las autoridades a aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente”, dijo.
Bachelet habló asimismo de su preocupación por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo de 2021 y en abril de este año, puntualizó, su equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico.
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