La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela (Red-CLH) informó que remitirá a la Corte Penal Internacional, CPI, 33 casos documentados de violaciones de los derechos humanos en el país. Estos se sumarán a 14 que ya se introdujeron, para un total de 47.
«Se trata de casos que han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y constatación de evidencias. También se enviarán al Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que hace años inició los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr que haya justicia en Venezuela», indicó la red en una nota de prensa.
Los primeros 14 expedientes en la CPI
La Red-CLH está integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza.
«En su labor de búsqueda de nuevos testimonios de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la Red logró construir los primeros 14 expedientes de casos que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad y que fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», señaló.
Destacó que en 2021 inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas y consiguió declaraciones de venezolanos que migraron a otros países de América Latina, Estados Unidos y España.
“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano. Por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.
Se han registrado más de 300 víctimas
La Red-CLH informó que, además de los 33 casos que se verificaron y se remitirán a la CPI, se han registrado al menos 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014.
“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. Algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.
Verificación para remitir a la CPI
La red destacó que para el proceso de documentación y sistematización de los casos se identificó y entrevistó a las víctimas a fin de garantizar la información más fidedigna y exhaustiva posible.
«Se investigó cada caso con protocolos rigurosos para identificar aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y de allí se elaboraron las actas que recogen la información que fue remitida a la Fiscalía de la CPI este mes de febrero», manifestó.
Agregó: «La documentación de estos casos confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y evidencia la falta de investigación y sanción a los máximos responsables».
Patrones
La organización también detalló algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas, lo que incluye hostigamiento, seguimiento con patrullas o carros particulares, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas prolongadas, hacinamiento en tanquetas y celdas, incomunicación, interrogatorios sin presencia de fiscales, acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos o partidos políticos, traslados a sitios de reclusión clandestinos, torturas físicas y psicológicas, detenidos colgados de manos o de cabeza, tortura con luz blanca día y noche.
También se denunciaron golpizas que incluyen agresiones en dedos, cabeza y partes íntimas hasta dejar inconscientes a las víctimas, simulación de ejecución, quemaduras, exposición a frío intenso, insultos, privación de sueño, agua y comida, celdas sin servicios de higiene personal y plagadas de insectos, detenidos obligados a criar animales y luego matarlos, acoso sexual, algunos detenidos obligados a tomar orina y rociados con gasolina, privación de libertad en “La casa de los sueños” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), amenazas de muerte a detenidos y sus familias y anulación de pasaportes.
De igual manera, las acciones de amedrentamiento incluyeron daños serios a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros, amenazas y agresiones a vecinos y entorno cercano.
A todo esto se suma omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias, cambios de relatos de las víctimas en los expedientes por estos funcionarios, negación de presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales, jueces recibiendo órdenes durante las audiencias, civiles procesados por tribunales militares e inexistencia de procesos judiciales, entre otros.
Víctimas
«De los testimonios hasta ahora documentados las víctimas identificadas fueron manifestantes, activistas, dirigentes políticos, líderes universitarios, estudiantes, personal de primeros auxilios, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas que manifestaban por la escasez de gasolina o fallas en los servicios públicos, activistas digitales, empleados públicos que expresaron alguna inconformidad y personas del entorno cercano a las víctimas. En algunos casos las secuelas en las víctimas son de por vida», dijo la red.
Y enfatizó: «Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018, así como por los informes de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU».
Denuncias
“En la red continuamos con la labor de investigación de las denuncias recibidas hasta ahora y de recepción de nuevos testimonios para iniciar el contacto con las víctimas en aras de que los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela no queden impunes», expresó.
Las personas que han sufrido transgresiones de sus derechos pueden contactar a la red por los correos electrónicos documentacionclh@sinmordaza.org o coord.raclh@sinmordaza.org.