La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana han sido catalogadas como “grupos de exterminio” o “escuadrones de la muerte” por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y han pedido en varias ocasiones al régimen de Nicolás Maduro disolverla. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que cada vez cobran mayor protagonismo.
Más recientemente, se les hizo parte en el combate que, desde el pasado 21 de marzo, se libra entre militares venezolanos y un grupo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el estado Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca.
El sábado, los enfrentamientos continuaron en el sector Los Cañitos, donde habrían caído dos militares más -ya sumarían 6- y una docena de estos habría resultado heridos, en un accidente con un mortero del que no se ha informado oficialmente. Por la noche el combate continuó en El Ripial y hasta el mediodía del domingo en el margen del río Arauca.
La mayoría de los habitantes de la zona del conflicto coincide en remontar la presencia de las temidas FAES al martes 23 de marzo, 2 días después de que iniciara el combate. Pero hay quienes aseguran que estos funcionarios llegaron antes y que fueron ellos quienes inicialmente acecharon a alias Ferley, del frente décimo de las FARC, alejado de la línea de alias Iván Márquez y Jesús Santrich.
En cualquier caso, una vez iniciado el conflicto, funcionarios de la FAES habrían sido trasladados a este lugar, según confirmó Juan Francisco García, coordinador en la región de la ONG Fundaredes, en aviones de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. No obstante, sus vehículos tradicionales han sido vistos en la zona, sobre todo en las dos únicas estaciones de servicio en las que pueden abastecerse de combustible.
Con su llegada, comenzaron las denuncias de allanamientos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, un modus operandi que ya les caracteriza.
La más sonada de estas denuncias es la de la familia de campesinos Ramírez Remolina. La semana antepasada, parientes de estos usaron las redes sociales para contar cómo fueron sacados de su casa en el barrio 5 de Julio, de La Victoria, en el contexto de un operativo que llevaron a cabo funcionarios de la FAES en el sector, y luego aparecieron muertos en El Ripial, ataviados como presuntos guerrilleros.
En la sesión virtual de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, del martes pasado, la diputada opositora Delsa Solórzano reveló que pudieron conocer de vecinos de los fallecidos que, en el operativo, los funcionarios preguntaban la nacionalidad de las personas. “Estos señalaron que, en efecto, portaban cédula colombiana porque eran colombo-venezolanos”, aseveró Solórzano.
La parlamentaria aseguró que después de un largo proceso se logró que los cuerpos de los miembros de la familia fueran trasladados hasta Colombia, donde fueron sepultados; e informó que los más de 30 testimonios que pudieron recabar del caso, han sido remitidos a los organismos internacionales correspondientes, entre ellos la oficina de Michelle Bachelet.
¿Cuál es el rol de la FAES en Apure?
Fuentes conocedoras de lo que ocurre en Apure aseguran que la FAES ha estado a cargo de la recogida de información sobre la población, en el terreno. Hasta el momento, se descarta que haya combatido a la guerrilla.
En cualquier caso, su actuación en el conflicto, a juicio del director de Fundaredes, Javier Tarazona, ha sido desproporcionada.
“Presumimos que estamos al frente de otros asesinatos y desapariciones de personas que aún no se han logrado a hacer públicos”, dijo Tarazona, en un encuentro reciente con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Venezuela (APEX), de la que el diario El Tiempo de Colombia forma parte.
Para la experta venezolana en asuntos militares, Rocío San Miguel, el envío de esta policía de élite a la zona de conflicto constituye un revés, “un feo muy fuerte a la FANB”, y la decisión de hacerlo podría deberse a cualquiera de tres hipótesis que maneja, y que compartió con los corresponsales de la APEX en otro encuentro reciente.
La FAES podría haber sido enviada a Apure, según esta especialista, por desconfianza del Palacio de Miraflores hacia la actuación de la FANB. También –prosiguió San Miguel, al detallar sus especulaciones– se podría estar reeditando lo que hacían gobiernos previos de enviar a cuerpos de inteligencia a hacer el “trabajo sucio” en la zona fronteriza, para que luego llegaran los militares. O –finalizó exponiendo– se podría estar ante una baja operacional de la FANB o el fracaso de los batallones de combatientes.
“Que esto simplemente sea el fracaso de batallones Caribe (Combatientes Autóctonos Revolucionarios Integral Bolivariano Especial) por falta de recursos, apresto operacional, falta de entrenamiento (…) Ha disminuido el pie de fuerza de la FANB y sospechamos que muchas unidades se están complementando con el FAES, con milicia, con fuerzas de seguridad del Estado”, detalló San Miguel, quien dirige la ONG Control Ciudadano, al referirse a la última de sus hipótesis.
La abogada venezolana recordó además que en la última reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada se constitucionalizó algo que, a su juicio, es muy peligroso, que es el Sistema Defensivo Territorial, que integra las actuaciones de todos los cuerpos de seguridad del Estado.
“Estos empastelamientos no han salido nada bien en el resultado militar, en el resultado de seguridad y defensa, pero también en el resultado en términos de violaciones a Derechos Humanos, que han ocurrido en violaciones militares del estado Apure”, acotó San Miguel.
Para el director de otra ONG llamada Acceso a la Justicia, Alí Daniels, algunas preguntas quedan al aire: “Aquí, ¿quién defiende la soberanía? ¿La FANB o la FAES? ¿Ahora la FAES es también un cuerpo militar?”.
En entrevista con Andreína Itriago para El Tiempo, Daniels manifestó que dice mucho de la operacionalidad y del apresto militar que supuestamente tiene la FANB, “que para este tipo de acciones tiene que recurrir a un cuerpo que supuestamente es policial”.