La opacidad y la falta de acceso a la información pública caracterizan a Venezuela en medio del actual escenario de crisis sanitaria internacional por la propagación del coronavirus, denunciaron defensoras de los derechos humanos venezolanas este martes en Ginebra.
«La ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso de que el coronavirus llegue. Pero la opacidad y la falta de acceso a la información pública dificulta conocer la realidad sobre sí hay casos o no», dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero.
Liliana Ortega, coordinadora de Cofavic, afirmó que una de las razones de la diáspora masiva de venezolanos tiene que ver justamente con el deterioro del sistema de salud.
El coronavirus amenaza Venezuela
«Ante la amenaza del coronavirus que se cierne sobre Venezuela, es más importante que nunca permitir que las organizaciones humanitarias trabajen sin interferencias para brindar auxilio a los venezolanos», dijo Ortega.
recordó que la crisis humanitaria en el país incluye una serie de graves deficiencias en el sistema hospitalario y escasez de medicinas.
Venezuela es uno de los pocos países que no ha reportado ningún caso confirmado de coronavirus en Latinoamérica.
Derechos humanos
Ambas activistas presentaron un informe que analiza la situación de los defensores de los derechos humanos en Venezuela, elaborado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El informe señala que durante 2018 y 2019 se documentaron más de 100 ataques contra activistas, de los cuales 60 fueron casos de intimidación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias.
El Estado venezolano es el responsable de la mayoría de esos casos.
«Todas las personas que tienen una voz crítica en defensa de los derechos humanos se consideran enemigos internos. A raíz de esta política, quienes defienden o exigen derechos humanos en Venezuela son catalogados como terroristas, traidores o agentes desestabilizadores de la paz. Consecuentemente, sufren distintas represalias», señaló Romero.
Protestas y represión
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que también participó en el informe, registró más de 66.000 protestas ciudadanas entre 2011 y 2019 en Venezuela, que han sido reprimidas de manera sistemática.
El director del Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Staberock, mencionó el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras. Ella fue objeto de amenazas por denunciar la situación crítica del sistema de salud.
Staberock consideró que su caso es un ejemplo de la criminalización y el riesgo que corren quienes se atreven a criticar en voz alta al régimen y sus políticas.
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