Organizaciones, instancias internacionales y miembros de la sociedad civil aseguran que en Venezuela persiste un patrón de persecución y de violación de los derechos humanos, que no ha mejorado durante 2022.
Defensores de los derechos humanos advierten que las condiciones de reclusión de los presos políticos siguen siendo negativas, debido a que no se les brinda atención médica adecuada, continúa el desconocimiento a órdenes judiciales, y se mantienen las torturas y los tratos crueles.
Por otra parte, la censura y la autocensura de periodistas y medios de comunicación en el país se ha incrementado en el último año, de acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la ONG Espacio Público.
En cuanto a las detenciones por motivos políticos, si bien no se han dado de forma masiva, continúan presentándose de manera selectiva. Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, señala que esta es una manera en la que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene el número promedio de presos políticos en el país.
Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos, señaló que este año se incrementó un esquema de persecución contra dirigentes sindicales, que exigen mejoras de condiciones salariales y laborales.
«La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos», dijo Zambrano a la Voz de América.
Desde 2015, al menos 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica oportuna, uno de los factores que han incidido en las muertes.
Venezuela bajo la lupa internacional
La renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, evidencia que las violaciones continúan cometiéndose en el país.
Además, esta misión concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala a Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.
Venezuela tampoco obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DD HH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.
En 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Luego de que el gobierno de Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar el caso.
“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo Himiob VOA.