El 5 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro tomó posesión de la Cruz Roja Venezolana, en un hecho que se ha convertido en una nueva espada de Damocles sobre la cabeza de las ONG que funcionan en el país.
Muchas de ellas ya estaban preocupadas desde que la Asamblea Nacional electa en 2020 comenzó a discutir un proyecto de ley denominado de Cooperación Internacional que busca restringir sus actividades. Pero ahora, con el precedente de la Cruz Roja, y en medio de una agresiva precampaña electoral, saben que nada detendrá al régimen para controlarlas.
Precisamente, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de la Asamblea, Diosdado Cabello, que es el impulsor de esa ley, comenzó las denuncias contra la directiva de la Cruz Roja en su programa Con el mazo dando, espacio televisivo que usa para fustigar de todas las maneras imaginables a quienes percibe como opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
A mediados de julio, Cabello acusó a Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana durante casi 40 años, de “acoso y maltrato” supuestamente cometidos en contra de voluntarios de la institución, y de conspirar presuntamente contra la “revolución bolivariana”. También criticó que la institución humanitaria no hubiera renovado sus autoridades en el país en cuatro décadas.
Junta reestructuradora ad hoc
Una acción como esa carece de precedentes en Suramérica. Solo un gobierno como el de Daniel Ortega, en Nicaragua, se había atrevido a hacer algo similar, al disolver y confiscar en mayo de 2023 a la Cruz Roja de ese país. Ortega alegó que la institución no fue imparcial en medio del conflicto político del 2018 y que no rendía cuentas de los recursos recibidos.
En Venezuela, dos días después de la última acusación lanzada por Cabello, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó por X (Twitter) sobre la designación del Fiscal 34 con competencia nacional en derechos humanos, para que investigara y sancionara “los hechos denunciados recientemente sobre el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana por parte de Mario Villarroel y miembros de su equipo”.
El 2 de agosto, el mismo Saab interpuso ante la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de protección de intereses difusos y colectivos, con testimonios anónimos de ocho trabajadores y voluntarios de la institución, quienes habrían acusado al presidente de la Cruz Roja Venezolana y a sus voluntarios de haberlos maltratado, hostigado y de disponer de donaciones para usos particulares.
Dos días después, el mayor tribunal del país emitió la sentencia 1.057 para ordenar el cese inmediato de los cargos del presidente y demás integrantes del Comité Nacional de la Cruz Roja Venezolana; así como para nombrar una junta reestructuradora ad hoc, presidida por el empresario Ricardo Cusanno, a quien facultó para designar al resto de los integrantes.
Falsas acusaciones
Tanto Villarroel como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) rechazaron la intervención. Esta lo hizo mediante un comunicado en su página web el 9 de agosto, en el que informaron sobre el envío de funcionarios de alto nivel a Caracas para comprender el alcance de los riesgos, y la viabilidad para continuar prestando servicios humanitarios neutrales, imparciales e independientes.
“Cualquier intervención estatal en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suscita serias preocupaciones sobre su independencia y labor humanitaria basada en los principios fundamentales, y será tratada con la máxima importancia”, se lee en el comunicado.
Villarroel, por su parte, rechazó el 11 de agosto la intervención porque estaría basada en falsas imputaciones, y porque elimina los mecanismos internos establecidos para estos casos dentro de la normativa que rige la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
“Debo aclarar que la Cruz Roja Venezolana ha sido dirigida por voluntarios que trabajamos por la causa humanitaria y no por grupos mafiosos. Jamás me he valido del cargo de presidente de dicha institución para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales. Eso es falso”, aclaró Villarroel.
Una amenaza directa a las ONG
Todas las donaciones financieras y en especies de carácter internacional han sido administradas en su totalidad por la Federación Internacional, según el exdirectivo.
Un voluntario, que prefirió no ser identificado, indicó a Connectas que desde hace más de un año en algunos estados hubo denuncias internas contra directivos regionales.
Estos habrían incurrido en malos tratos verbales contra los trabajadores, en episodios de acoso sexual, de supuesto manejo de donaciones sin rendición de cuentas, así como de cobro en algunos hospitales por servicios de salud que deberían ser gratuitos.
Sin embargo, la fuente manifestó que los denunciantes buscaban solamente correctivos internos.
“La intervención debió haberse hecho por la misma Cruz Roja para mejorar y subsanar irregularidades. A uno lo que le da miedo es que lleve a que sean como todas las intervenciones que han hecho en empresas del Estado que han fracasado, que las han arruinado, que ya no existen. Preocupa porque lamentablemente lo que cae en manos del gobierno se daña, se deteriora, se estanca y se arruina, y la verdad no es lo que uno quisiera para la Cruz Roja de Venezuela”, acotó.
Francisco Sánchez, profesor del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (Cefi) de la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira, opinó que la intervención de la Cruz Roja Venezolana es una amenaza directa a las ONG que tienen presencia en el país, las cuales tendrían un cuarto siglo trabajando amenazadas en Venezuela, sobre todo en campaña electoral.
Precampaña electoral
Considera que lo más grave es que actores de la sociedad civil se presten a la intervención judicial, en referencia a Ricardo Cusanno, quien fue representante de la ONG Foro Cívico. No entiende cómo una organización de la sociedad civil se alinea a la narrativa y acción del gobierno de Nicolás Maduro para afectar a otros.
Sánchez indicó que la precampaña electoral también influye en este proceso, pues en esta época “el gobierno siempre arrecia, siempre interfiere, se pone en su afán de dividir, de espantar a la gente, a la población. «Sabemos que el gobierno no hace cosas aisladamente, sino que todo está concebido entre una estrategia de mantenerse justamente en el poder», agregó.
Pero ¿qué puede llevar en realidad a que el gobierno tome una decisión tan controversial? Karim Vera, diputada a la Asamblea Nacional de 2015, también considera la medida una amenaza directa a la libre asociación en Venezuela, que ya se ha visto afectada por un TSJ que ha intervenido a los partidos políticos de oposición o disidentes del Psuv. Pero cree que el principal motivo de la intervención es “meterles mano a los fondos que maneja la Cruz Roja Internacional” para la atención social y médica de venezolanos, con el objetivo de tener más control social en medio de la contienda electoral.
“Nos preocupa que esa intervención sirva para que la Cruz Roja deje de ser lo que ha sido a nivel internacional, históricamente hablando, para que se convierta en un brazo ejecutor del gobierno, como lo ha hecho con todo aquello a lo que le ha metido mano vía Tribunal Supremo de Justicia”, expresó.
«Es un mensaje político»
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos, dijo que la medida del gobierno contra la Cruz Roja “es un mensaje político y un proceso de intimidación para las ONG que trabajan con ayuda humanitaria.
«Y un proceso de radicalización que viene justo antes de unas elecciones primarias de la oposición, porque todo ello lo hacen en función del control del poder. Para eso controlan el Tribunal Supremo, controlan la Asamblea Nacional, controlan el CNE, y quieren crear las reglas para que la oposición se rija por los intereses del régimen», manifestó.
Voceros de otras ONG se negaron a fijar posición sobre el tema por temor a represalias, porque algunos de los consultados ya han recibido amenazas directas o intervención de algunas de sus funciones. Por ello, se limitaron a sumarse al comunicado de rechazo emitido el 9 de agosto firmado por 227 organizaciones de la sociedad civil venezolana, 15 organizaciones internacionales y 335 personalidades.
Esas ONG quieren seguir ayudando a los venezolanos más necesitados, en medio de una crisis humanitaria por la que continúan saliendo miles de ciudadanos, sobre todo hacia Estados Unidos, y en un país en el que la ayuda social cada vez es más restringida. Pero por lo visto con una entidad como la Cruz Roja, que cuenta con un enorme respeto internacional y una trayectoria histórica impecable, ninguna de ellas puede considerarse a salvo.
Mariana Duque (*)
Connectas (**)
(*) Miembro de Connectas Hub y periodista del Diario de Los Andes , estado Táchira, y de la Fundación El Amparo.
(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
CIDH condena la decisión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro, después de que intervino la Cruz Roja y el Partido Comunista.
Según la CIDH, estas decisiones judiciales “de carácter arbitrario no solo afectan la libertad asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral”. “Es vital que los procesos internos” para la designación de las directivas “sean autónomos e independientes”, añade. AFP