Venezuela está rezagada respecto al desarrollo y la protección legal de datos personales, concluyó la ONG Espacio Público en su informe Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes.
Patrones como detenciones por publicaciones a través de WhatsApp, el acceso indebido a datos personales con recursos públicos o la revisión ilegal de equipos por funcionarios son mencionados en el informe.
Espacio Público explicó que la ausencia de información pública en Venezuela, sumada a las restricciones a la labor de los periodistas, ha provocado que en el contexto de la pandemia profesionales de la salud publicaran datos por WhatsApp.
«En Venezuela el uso de esta aplicación se popularizó durante la pandemia; llegó a funcionar como espacio virtual de encuentros, foros y reuniones, por ejemplo los denominados foro-chats», dice el informe. Aunque recalca los riesgos que esto implica, como la proliferación de noticias falsas y su impacto negativo.
Solo en 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos en WhatsApp: «La crítica política, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios, denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la difusión de convocatorias para protestar, o la mera circulación de información por parte de periodistas fueron parte de los contenidos que llevaron a las encarcelaciones».
La acusación más común fue la de instigación al odio, un delito que, recuerda Espacio Público, está estipulado en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, la cual, ha sido «rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión».
Un caso puntual es el de Darío Salcedo, detenido en mayo de 2020 por el Cicpc por denunciar en Twitter y WhatsApp irregularidades en la entrega de alimentos y beneficios laborales. Lo excarcelaron en julio con medida de arresto domiciliario.
En cuanto a la vigilancia y el robo de información, la ONG indica que el acceso indebido a datos personales cuenta con recursos públicos y la incursión directa de entidades.
«La activación de estos mecanismos revela la voluntad manifiesta del Estado en actividades ilícitas validado por la ausencia de contrapesos, de manera que la impunidad legitima este tipo de prácticas», continúa el informe.
Espacio Público recordó que en febrero de 2019 fue clonada la web http://voluntariosxvenezuela.com. Según expertos, la IP relacionada con el site respondía a dominios que clonaban páginas de redes sociales para captar datos de manera masiva.
Los registros correspondían al Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), que está adscrito al Ministerio de Educación Universitaria. «Entre los sitios falsos que respondían a la IP estaban Facebook.co.ve, Instagram.co.ve, Gmail.web.ve, Twitter.web.ve, Twitter.info.ve, Live.web.ve. A la fecha se desconoce el alcance del posible robo de información en estos sitios, que al menos funcionaban desde 2018».
Otro punto es la revisión de equipos. Es una práctica, indica la ONG, creciente en el contexto de coberturas periodísticas, registro de información en la vía pública y requisas arbitrarias. «Policías y militares obligan a periodistas, reporteros/as, infociudadanos/as o particulares a borrar material o revisan directamente los equipos», subraya el informe.
«Entre 2020 y 2021 se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros/as afectados. La confiscación ilegal es una práctica que intenta en principio restringir la libertad de expresión e información», agrega.
En sus conclusiones del informe, Espacio Público considera que en Venezuela el poco avance legislativo respecto a este tema «se conjugó con el desarrollo a largo plazo de una crisis institucional que aleja medidas garantistas y más bien avanza de forma fraccionada hacia esquemas punitivos o sostiene restricciones que se tornan innecesarias y desactualizadas en relación con las nuevas dinámicas que impone la conexión en línea».
Señala asimismo que «un marco legal débil va de la mano de una voluntad represora que en su intento de obstaculizar la libre difusión de contenidos violenta (…) el derecho a la privacidad y protección de datos, con ello se restringe la libertad de información, se castiga la difusión de la opinión e incluso se vulnera el derecho a la propiedad».
Por último, considera que el monitoreo y el análisis son necesarios para diagnosticar el estado de la situación y pensar en soluciones estructurales y puntuales ante casos específicos. «Esto ayuda a sensibilizar sobre la importancia del derecho a la privacidad y su vinculación con otros derechos sociales, civiles, políticos y económicos».
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