Activistas y periodistas en Venezuela que colaboran con las Naciones Unidas sufren represalias e intimidaciones por el Estado y de agentes no estatales. Así lo revela un nuevo informe del secretario general de la organización, António Guterres, en el que alerta sobre la aplicación de leyes restrictivas, la detención y actos de vigilancia en línea y de ataques cibernéticos.
“Los defensores de los derechos humanos, las personas que sufrieron violaciones de las garantías fundamentales y los periodistas fueron los principales afectados por los actos intimidatorios de Estados y agentes no estatales”, documentó Guterres, según nota de prensa publicada por la ONU a finales de septiembre.
Represión por pedir reparación
Los casos evaluados ocurrieron entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de este año. El informe especifica que las acciones represivas afectaron a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de las Naciones Unidas o utilizaron sus procedimientos para intercambiar información y testimonios, además de solicitar reparación por violaciones y abusos de los derechos humanos.
“A pesar de los avances, incluidas las promesas y los compromisos compartidos por los Estados miembros contra las represalias, este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU”, dijo la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris.
Agregó que, por impactante que sea esta cifra, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian. Además de Venezuela, Guterres incluyó en el documento a Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Brasil, Afganistán, Palestina, Tailandia, Rusia, Irán, la India, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen y otros 26 países del mundo.
“Los riesgos que afectan a las mujeres víctimas, así como a las defensoras de derechos humanos y a las constructoras de la paz, que comparten su testimonio y cooperan con la ONU, siguen siendo desalentadores. Seguiremos trabajando para garantizar que todas puedan colaborar con la ONU de forma segura”, agregó Kehris durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Restricciones, acoso y desprestigio público
António Guterres señaló que agentes de la organización se ocuparon de las restricciones inadecuadas, el acoso y el desprestigio público de funcionarios que impiden su participación con las Naciones Unidas.
Destacó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales plantearon su preocupación por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Algunas se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo, incluidos los relacionados con la aplicación de los programas humanitarios de la ONU.
Los titulares de mandatos de procedimientos especiales, agregó, abordaron denuncias de amenazas y acoso contra la abogada Theresly Malavé luego de la publicación y presentación del informe de la Misión de Investigación Independiente sobre Venezuela.
En el informe se indicó asimismo la detención e interrogación de la abogada defensora de derechos humanos Karen Caruci sobre su colaboración con las Naciones Unidas. En particular, sobre si recibía pagos por compartir información sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.
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