La amenaza de la rápida expansión del covid-19 ha obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas para asegurar el distanciamiento social. En muchas partes del mundo la orden ha sido quedarse en casa, trastocando así la vida cotidiana de ciudadanos e instituciones.
Pero también se ha intentado minimizar los efectos de este confinamiento con medidas que permitan mantener algún nivel de productividad económica y social. Paradójicamente, el obligado aislamiento ha abierto el camino a la comunicación y la interacción a través de las nuevas tecnologías.
Uno de los sectores beneficiados por esta posibilidad es el de la educación formal, y hasta los más reacios a su implementación han acabado reconociendo sus potencialidades y bondades.
Sin embargo, este cambio sigue cursos desiguales por la desigualdad de condiciones en el mundo. Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje online se consolide, no bastan ni argumentaciones teóricas, ni políticas públicas que la hagan obligatoria en tiempos de cuarentena. En los países pobres hace falta mucho más que eso.
La educación, condicionada por la pandemia
A principios de abril, el gobierno venezolano anunciaba que, debido a la expansión del coronavirus, todos los niveles educativos continuarían su programación vía online. O sea, que se pasaba de la educación presencial a la educación a distancia (al menos hasta que culmine el año escolar).
En principio, no habría nada que objetar a este mandato: o se acaba el curso a distancia o habría que reprogramarlo cuando cesara la pandemia. Ante la incertidumbre sobre cuándo se retornará a la normalidad había que hacer algo.
El gobierno asumió que la solución en materia educativa estaba a mano. Sin embargo, más temprano que tarde, el país se ha percatado de que esta es una solución falaz y, por tanto, de imposible cumplimiento o de cumplimiento muy limitado.
Pobreza digital en Venezuela
Venezuela es el país que tiene la peor conectividad de América Latina, gracias a las políticas de no inversión en el sector por parte del gobierno nacional. Según la encuesta Speedtest Global Index, del año 2019, Venezuela ocupa el puesto 175 de 176 países en el ranquin, con una conectividad de 3,67 Mbps, superando solo a Turkmenistán, cuya conectividad es de 2,06 Mbps. La de Colombia, país fronterizo y muy parecido a Venezuela por historia y cultura, es de unos 19,7 Mbps.
La cobertura es otra gran carencia tecnológica venezolana. Según el estudio Navegación a la mínima expresión: Condiciones de la calidad de internet en Venezuela, en 2018 solo el 62% de la población tenía acceso a internet. No obstante, se espera que en 2020 este porcentaje sea aún menor, por razones económicas: las tarifas de teléfono y datos aumentaron en frebrero de 2020 entre el 975% y el 1 830% respecto a los montos precedentes.
La distribución demográfica influye: el 80% de la población se concentra en el 20% del territorio con lo que la Venezuela vacía (unos 700 000 kilómetros cuadrados), tiene peor acceso a los servicios.
Por otra parte, ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes son artículos importados cuyo precio depende del mercado internacional, , lo que los hace inaccesibles para más del 70% de la población; además, los gastos de reparación de equipos ya obsoletos se han elevado considerablemente. Por citar solo un ejemplo, el teléfono inteligente más barato del mercado cuesta unos 100 dólares, mientras que el sueldo promedio de un profesor de colegio está entre los 20 y los 25 dólares mensuales.
Educación online, ¿solución o problema?
Con una precaria conectividad, una escasa disponibilidad de equipos, una cobertura de señal limitada y un servicio eléctrico inestable, solo en las zonas en las que todos estos factores funcionen simultáneamente la educación online puede ser una opción viable.
Pero la realidad del país es que, si este tipo de enseñanza tuviese que prevalecer, se convertiría en un elemento más para el fracaso escolar
de los sectores más vulnerables de la población venezolana.
Los datos de pobreza correspondientes a 2018, obtenidos a través de la Encuesta ENCOVI son elocuentes. El 87% de los venezolanos están en situación de pobreza y el 89% de esos pobres no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos.
En este contexto, imposible de mejorar en el corto plazo, la implantación obligatoria de la educación a distancia traerá como consecuencia el ensanchamiento de la brecha educativa, no solo entre pobres y ricos, sino entre quienes tienen y no tienen acceso a internet por localización dentro del territorio, independientemente de su condición social.
Todo esto obliga a reflexionar sobre los efectos de la no presencialidad de la actividad educativa en escuelas y universidades venezolanas. Habría que evaluar si vale la pena la educación online, cuando esta desdibuja un concepto fundamental de las democracias liberales del mundo: el de la igualdad de oportunidades.
Tulio Ramírez, Chair professor, Andres Bello Catholic University (UCAB)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.