Al encender la radio, la mayoría de las veces suena música. Andrés, director de una emisora que prefirió no ser identificado en un reportaje gráfico del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), no recuerda cuál fue la última noticia que escuchó por radio. En su emisora ponen salsa y merengue, también hay muchos DJs y locutores en contraste con los pocos programas informativos, reveló para el instituto.
Desde 2017, cuando intentaron cerrar su emisora por no tener los permisos al día, Andrés, cuyo programa llevaba 20 años al aire, solo enciende la radio para escuchar música. Las emisoras le recuerdan que ya no puede ser crítico en su programa ni hablar con la libertad de antes. Ahora, las noticias le llegan por las redes sociales, donde existe una migración masiva y forzada de los medios de comunicación. En medio del silencio, la censura y el miedo, Andrés se acostumbra a esa oscuridad informativa como el resto de los venezolanos en el país.
Con 96 años de presencia en Venezuela, la radio es uno de los medios de comunicación tradicionales con mayor penetración, sobre todo en el interior del país donde no hay internet ni periódicos impresos. Las cifras así lo respaldan: el IPYS en su trabajo investigativo “Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela”, arrojó que las radioemisoras fueron el segundo medio con mayor presencia con un porcentaje de 66,8%. Hasta el año 2021, en Venezuela existían al menos 980 medios de comunicación operativos de los cuales 699 son emisoras de radio. Es decir, 71%, reveló la ONG Espacio Público. “Los datos de penetración señalan que la radio es un medio al que todos los venezolanos pueden acceder. Tiene mucha presencia y fuerza, además del mayor número de unidades trabajando”, aseveró Carlos Correa, director de la organización.
Por eso es tan alarmante que en las redes sociales aumenten las denuncias de cierre de emisoras. Cada día, son más las publicaciones de periodistas, instituciones, locutores y ONG que informan lo que está sucediendo. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que este año se cerraron, hasta inicios de noviembre, 102 emisoras de radio. Se trata de una cifra alarmante si se compara con los registros del CNP de 2021: se cerraron 9 emisoras en todo el año. Los cierres han aumentado en los últimos meses: en agosto-septiembre de este año se cerraron 47.
“El conteo que llevamos se da gracias a que en 2019 creamos el Observatorio de seguimiento de agresiones a periodistas y medios. Allí hacemos un seguimiento y control permanente de todos los casos que se presentan. Estamos en un momento donde el registro es de 102, incluyendo las últimas 5 cerradas en el estado Zulia el 3 de noviembre”, explicó Edgar Cárdenas, secretario general del CNP.
Cárdenas detalló que el caso más llamativo es el del estado Zulia con 31 emisoras cerradas en lo que va de año. Le sigue Falcón con 16, Táchira con 13, Sucre con 11 y Cojedes con 6. También se registraron 4 en Carabobo y Yaracuy, 3 en Monagas, 2 en Guárico, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Nueva Esparta y Portuguesa, 1 en Miranda y 1 Lara. “Todo parte de una política de Estado para silenciar la información. Quizás en Zulia por ser un territorio con población y con un gobernador que no responde a los lineamientos ideológicos del gobierno, presumo yo que lo que se busca es cerrar las ventanas para que no haya información”, explicó Cárdenas.
Gráfica del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de las emisoras cerradas | Foto Archivo
Las cifras de la ONG Espacio Público también son bastante elevadas. La organización contabilizó y registró un total de 80 emisoras cerradas este año. “Es el mayor número de cierres del que tengamos registro desde el año 2003 hasta ahora”, explicó Correa. En la organización contabilizaron los casos de radios cerradas desde 2003 hasta este año, un período de tiempo que se corresponde con los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En total, en ese lapso de tiempo se cerraron 233 emisoras, lo que representa 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años.
“La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad”, reveló Espacio Público en su informe. La ONG también detalló que entre el año 2017 y septiembre de 2022, el principal responsable de restricciones a las emisoras fue Conatel, al intervenir en al menos 55% de los casos.
Gráfica de Espacio Público sobre las causas de los cierres | Foto Espacio Público
La otra cifra más alta de cierres que tiene la organización se corresponde al año en el que Diosdado Cabello perdió la gobernación de Miranda y pasó a tener responsabilidades vinculadas con Conatel, explicó Correa. En 2009, durante la presidencia de Chávez, se cerraron al menos 34 emisoras de forma simultánea en un solo día. Para el momento, Diosdado Cabello, presidente de Conatel, afirmó que se tomó la decisión porque querían“democratizar” el espectro radioeléctrico. Ese año 55 emisoras salieron del aire.
Las estaciones de radio que todavía están al aire tienen tanto miedo a la censura que optan por regular el tipo de contenido que ofrecen a los radioescuchas. De esta forma, cuidando cada una de las palabras que se dicen al aire, los invitados y los temas que se abordan, los locutores siguen encendiendo sus micrófonos, temerosos de que Conatel intervenga.
Fuera del aire
Una llamada telefónica. Eso es todo lo que hace falta para que una emisora de radio salga del aire. Esa es la forma más empleada para anunciarle a los directivos de una emisora que deben apagar sus transmisores. A veces también les envían comunicaciones escritas, un canal informal para ordenar una acción tan importante como el cierre. Otro medio que se emplea, aunque no es el preponderante hoy en día, es enviar una delegación de Conatel acompañada por funcionarios policiales para decomisar equipos.
Los directivos y trabajadores del espectro radioeléctrico temen tanto que les confisquen los transmisores que prefieren la llamada telefónica. “Si les confiscan los equipos no se los devuelven. Para ellos es mejor que los llamen”, contó Cárdenas. Los argumentos para llevar adelante estas acciones varían aunque desde Espacio Público detectaron algunos patrones. Entre ellos, Correa destacó la vigencia de las concesiones de Conatel y la licencia para ir al aire, ambos requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Muchos de los cierres se dieron, según lo argumentado por Conatel, por no tener estos permisos al día.
Sin embargo, los operadores de radio que solicitan la renovación de la licencia o piden una nueva concesión, no obtienen respuesta. Luisa Torrealba, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), reveló que la comisión no le dice a las emisoras si su petición fue aprobada. “Sencillamente no se les responde”.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones destaca que cuando hay silencio por parte del ente, una vez pasados los lapsos, se considera que ese silencio administrativo es una respuesta negativa. Esto solo ocurre en Venezuela. En otros países se considera que si no hubo una respuesta es porque el caso fue resuelto positivamente. “Esto evidencia una orientación muy marcada a la opacidad. Uno se pregunta si hay una gestión adecuada, ajustada a la ley, al respeto y a los derechos”, comentó Torrealba.
Instalaciones de Éxitos 90.5 FM después del cierre | Foto La Patilla
Muchas emisoras que no obtuvieron respuesta para renovar sus permisos siguieron pagando los impuestos relacionados al ámbito de las telecomunicaciones. “Es un contrasentido entonces, si no estás habilitado no deberías pagar impuestos. Conatel les niega información sobre su estatus”, destacó la investigadora. En el estado Carabobo se dio el caso de que la concesión de la emisora de Unión Radio Valencia 105.3 FM se venció porque el titular de la emisora falleció hace 16 años. Cárdenas, desde el CNP, se pregunta: “¿Son 16 años en los que no se dieron cuenta de que se acabó la concesión?” 16 años en los que la emisora siguió pagando sus impuestos.
A la falta de otorgamientos de permisos se suma además el costo de tener todos los recaudos que exige Conatel. En marzo de este año se aprobó en la Gaceta Oficial N° 6.690, Decreto No 4.652 el Reglamento de vías generales de telecomunicaciones. Correa, desde Espacio Público, explicó que este reglamento le exige a las emisoras presentar un proyecto técnico. Este es un estudio que evalúa y demuestra que la emisora puede operar en la frecuencia que tiene sin afectar a otras.
“Lo ideal es que Conatel realice un cuadro de frecuencia. Es decir, que Conatel diga cuáles son las frecuencias disponibles en qué potencias y en qué ciudades. Pero ahora, eso es trabajo de las emisoras. Este es un proyecto que cuesta entre 5.000 y 10.000 dólares. Ese proyecto para una emisora de una gran ciudad podría ser asumible, pero para una emisora de una pequeña localidad es bastante difícil”, explicó Correa.
Hay un desorden en la administración del espectro, Correa diría que es una administración incluso salvaje. Torrealba añadió, y con ella coincidió Cárdenas, que legalmente una emisora no tiene garantía de que le aprobarán sus permisos solo por solicitarlos y presentar el proyecto de 10.000 dólares. Es una inversión muy costosa que podría no ser fructífera y, sobre todo, un riesgo que no todos pueden asumir.
Política del silencio
El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público que pertenece a los venezolanos, quienes tienen derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, tal como se estipula en la Constitución. Sin embargo, el espectro también es finito. Por lo tanto, el número de frecuencias que hay es limitado, explicó Torrealba. Conatel, que debería limitarse a cumplir funciones técnicas, debe realizar la gestión de ese espectro de forma plural y democrática, incluyendo el mayor número de voces posibles. Eso no está ocurriendo.
Se está aplicando una política de Estado que busca silenciar a aquellas emisoras que divulgan información que le resulta “incómoda” al gobierno, describe la investigadora. La consecuencia que trae es que el ciudadano no está enterado de lo que acontece, sobre todo en el aspecto político y económico. “Se debe entonces recurrir al sistema de medios oficialistas que tiene contenido informativo propagandístico”, añadió, por su parte, Cárdenas.
Aunque esta política de cierre ha sido constante, este año el aumento coincide con el ambiente preelectoral de 2024, consideró el secretario del CNP. En el panorama está, además, el informe de la Unión Europea que dice que se cometieron grandes adulterios y no se garantizó el pluralismo y la diversidad en el proceso de las elecciones pasadas, destacó por su parte Correa. “Esa podría ser una de las razones. Se están asumiendo los cierres con antelación a las elecciones para no hacerlo tan cercano al proceso electoral”, consideró el director de la ONG.
Los cierres coinciden, además, con el relanzamiento propuesto por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de la Gran Misión Comunicación Popular. Desde allí se aspira lanzar 200 emisoras comunitarias. Cárdenas explicó: “Por un lado cierran medios de comunicación, como las radios. Por el otro se lanzan medios de comunicación que más que medios informativos son divulgativos de propaganda oficialista”.
Espacio Público documentó en un informe que dentro del espectro radioeléctrico hacen vida emisoras privadas, comunitarias y del Estado. Desde el año 2008, las emisoras del Estado forman parte del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI). Mientras que desde abril de 1950, las emisoras privadas se encuentran agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. Esta última emitió un comunicado asumiendo una postura frente al cierre masivo de emisoras. En el texto, aseguró que las emisoras cerradas eran “clandestinas”, tal como argumentó Conatel. Se mostró a favor del cese de sus operaciones.
Solicitado para una entrevista, el presidente de la Cámara, Iván Messori, no respondió.
El comunicado, que fue duramente criticado por usuarios en redes sociales, es desafortunado a juicio de Correa. Algunas de esas emisoras descritas como “clandestinas” estaban pagando sus impuestos y funcionaban desde hace tiempo. “Si fuera cierto que eran clandestinas, habría que decir entonces que el director de Conatel, Jorge Eliécer Márquez, tendría que ser destituido porque durante un lapso de tiempo mantuvo una gran cantidad de emisoras operando aunque fueran clandestinas”, justificó.
El texto y la postura de la cámara no ayudan ni es la mejor forma de manejar el espectro radioeléctrico en el país, a juicio de Correa. La forma de operar no puede ser el cierre. “Eso genera un daño mayor”, zanjó. Para Cárdenas la Cámara debería hacer una revisión más profunda antes de afirmar que todas las emisoras cerradas eran clandestinas. “Estamos hablando de emisoras que tienen 16 años de funcionamiento, posiblemente algunas no cumplían con los permisos. El problema es la poca transparencia que hay en el otorgamiento de permisos que impide que se pueda cumplir con los trámites”, opinó.
Espectro opaco y silencioso
La administración del espectro radioeléctrico en Venezuela es opaca, silenciosa y desorganizada. Lo primero que la profesora Torrealba destaca del problema actual es la directiva de Conatel, designada por Nicolás Maduro. “Se designaron en estos cargos a personas muy vinculadas con la política e incluso partidistamente con la gestión gubernamental. Eso se evidencia en acciones administrativas sancionatorias, de exhorto, de advertencia que van dirigidas a silenciar contenidos que pueden ser críticos o incómodos”, aseguró.
A esto se le suma la opacidad y falta de información sobre el espectro. Torrealba señaló que antes, en la página web de Conatel, se publicaba información de las operadoras y los distintos servicios de telecomunicación. Se ofrecía la información completa y el listado de medios de comunicación radioeléctricos: radio y televisión que estaban habilitados. Esto paró. “No hay información actualizada. El año pasado se publicaron pocos datos correspondientes al año 2019, eso evidencia el déficit en el manejo y difusión de la información”, detalló.
Al silencio y la opacidad se suman, además, las leyes que se aprobaron y que terminan siendo contrarias al derecho a la información de los venezolanos. Entre ellas está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, mejor conocida como la Ley Resorte. En los artículos 27 y 28 se detallan una serie de prohibiciones y regulaciones de los contenidos que fomentan la censura. Por ejemplo, Torrealba resaltó la prohibición de contenidos que generen zozobra, uno de los motivos más usados para hacer amenazas a los medios.
“La pregunta es qué entienden por zozobra y quién es el ente encargado de ser árbitro. Hay un directorio de Responsabilidad Social que tiene 13 miembros de los cuales más de la mitad son nombrados directamente por organismos del Poder Ejecutivo”, detalló.
En relación con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Torrealba explicó que hay un artículo que le permite al Ejecutivo Nacional, cuando lo considere conveniente a los intereses de la nación, suspender servicios de telecomunicaciones. “Este artículo es grave y preocupante, porque incluye cualquier servicio de telecomunicaciones, incluso telefonía. ¿Qué se considera ‘conveniente para los intereses de la nación’? Si se ve el contexto, el gobierno lo que ha demostrado como intereses de la nación es toda aquella información que pueda ser crítica”, aseguró. La experta recordó cuando prohibieron a los medios utilizar la palabra “escasez” o, incluso, informar sobre el dólar paralelo.
Otra ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente es la Ley contra el Odio que establece la posibilidad de condenas de hasta 20 años de cárcel. También permite revocar la licencia y concesión a medios de comunicación que difundan contenidos que puedan ser considerados como de “odio”. Torrealba cuestionó quién va a ser el árbitro al momento de aplicar esos artículos. “Si el árbitro es el Ejecutivo, entonces cualquier expresión que le resulte incómoda puede calificarse como de odio. Legalmente estamos un poco de manos atadas”, zanjó.
Foto Espacio Público
Miedo a alzar la voz
Los cierres de emisoras de radio van en aumento y con ellos el temor a represalias. Correa, desde Espacio Público, piensa que el fin último es reducir la posibilidad de difundir información de naturaleza política y económica. Una actuación que, a juicio de Cárdenas, no es propia de los gobiernos democráticos. “Eso es propio de los gobiernos autoritarios. La democracia busca que haya más medios”, insistió el secretario.
No parece haber opciones ni soluciones ante un panorama tan devastador. En lo que coinciden Torrealba, Cárdenas y Correa es en que las emisoras deben ponerse de acuerdo para denunciar y documentar lo sucedido. Sin embargo, el temor a represalias parece ser mayor.
Desde el CNP, Cárdenas reveló que algunos directivos de las emisoras expresaron su agradecimiento por el interés del CNP en evidenciar su situación. “Pero nos pidieron que no hiciéramos ruido. Dijeron que ellos lo iban a solucionar y que estaban conversando y negociando para poder volver al aire”, detalló Cárdenas. Preguntados para dar una entrevista, dos locutores de un circuito radial fuera del aire se negaron a dar declaraciones: ninguno quiere visibilizar su caso. Respondieron que la situación era “complicada” y no había intención de hablar sobre lo que pasó.