La ONG Provea informó este jueves que en los tres primeros meses de este año se registraron 472 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
La organización, que llevó a cabo el monitoreo correspondiente al trimestre junto con la Fundación Centro Gumilla, señaló que enero fue el mes más violento, con 228 ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas destacan las 23 registradas en La Vega (Caracas) en un hecho sin precedentes protagonizado por comisiones mixtas de cuerpos de seguridad.
Estas muertes se atribuyen a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En febrero se computaron 113 casos; mientras que marzo registró un repunte, con 131 ejecuciones extrajudiciales.
Responsables de las cifras
Provea denunció que durante el primer trimestre el cuerpo más letal fue el Cicpc, seguido de las policías regionales y la FAES. La alta comisionada de las Naciones Unidad para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver este último por su implicación en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, 500 de ellas en 2020.
La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país, como el estado Zulia y la región central. Allí fueron asesinadas 109 y 107 personas, respectivamente, de acuerdo con la investigación de las organizaciones.
La mayoría de las víctimas son hombres con edades de entre 18 y 30 años, otro de los patrones que se mantiene en esta política de seguridad ciudadana del régimen de Maduro.
Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones, las autoridades policiales informaron que las muertes ocurrieron en el contexto de enfrentamientos con grupos élite policiales.
«La ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia, justifica cada vez más el trabajo que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional, así como el monitoreo que realiza la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet», concluye la ONG.