En el primer semestre del año se registraron 374 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, indica un informe publicado por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia.
La cifra dada por la organización significa un aumento de 243% en el primer semestre del año en comparación con el de 2020, en el que se registraron 109 incidentes.
Solamente en abril hubo al menos 115 violaciones a los derechos humanos, dice la ONG. El segundo mes con más agresiones fue enero con 99. Febrero tuvo 28 agresiones; marzo, 56; mayo, 48; y junio, 28.
“Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la doctrina de la seguridad nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país”, denunció el Centro para los Defensores y la Justicia.
Los ataques se distribuyen en estigmatización (252), intimidación y hostigamiento (43), amenaza (35), judicialización (11), detención arbitraria (11), ataques digitales (11), allanamientos (3) y otros (8).
La ONG recordó que uno de los mecanismos usados por el régimen para someter a los defensores de derechos humanos es el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo, el cual precalifica a las organizaciones de terroristas.
A mediados de abril, más de 600 organizaciones civiles exigieron al régimen derogar la providencia número 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial 42098.
Por medio de un comunicado, las organizaciones expresaron su categórico y definitivo rechazo a la imposición, que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el documento, los firmantes consideraron que la decisión constituye un acto “inconstitucional de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
Uno de los casos más recientes y graves es el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido junto a su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios.
Los tres fueron señalados de los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Están recluidos en el Sebin de El Helicoide.
La detención ocurrió después de que Fundaredes publicó varios informes en los que dio a conocer irregularidades en el conflicto en Apure entre las FARC y la FANB.