En Venezuela se registraron 396 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos durante el año 2022, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Las cifras del año pasado representan una disminución de 47% en relación con el mismo período en 2021, cuando se documentaron 743. Esto se debe principalmente a una reducción en el número de actos de estigmatización emitidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.
Pese a la reducción, el CDJ alertó que «durante 2022 el Estado venezolano siguió aplicando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos».
La estigmatización (246), intimidación y hostigamiento (95), así como las amenazas (34), fueron los principales patrones de ataque documentados por la organización el año pasado. También se registraron ataques digitales (8), judicialización (4), detención arbitraria (2) y otros casos (7).
«La criminalización de las actividades de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos ha derivado en la implementación de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar estas acciones, así como también para atemorizar y neutralizar a las personas y organizaciones defensoras», advirtió el CDJ.
ONG, las más afectadas
Las organizaciones que forman parte del movimiento de derechos humanos en el país fueron las más afectadas: se contabilizaron 267 agresiones y amenazas en su contra, equivalente a 67% del total documentado. Mientras que 129 de las situaciones registradas fueron cometidas de forma individualizada en contra de personas defensoras de derechos humanos, representando 33% restante.
Un total de 104 (26%) de las agresiones fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado y otros 102 (26%) de los hechos los efectuaron funcionarios públicos.
90 (23%) de los ataques contra las organizaciones y defensores de los derechos humanos se realizaron desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en las redes sociales; otros 64 (16%) fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas o entes gubernamentales, y 36 (9%) hechos los ejecutaron organismos de seguridad del Estado.
El CDJ destacó que durante 2022 los actos y campañas de estigmatización presentaron un contenido cada vez más violento en los señalamientos, en comparación con períodos anteriores. Igualmente se observó un incremento del descrédito acompañado de amenazas en contra de organizaciones específicas por su labor.
«El discurso oficial mantiene una narrativa de violencia que busca antagonizar al movimiento de derechos humanos con base en expresiones de desprestigio y acusaciones relacionadas a terrorismo, delincuencia organizada, supuestos vínculos entre el movimiento con partidos políticos y actividades injerencistas», indicó el informe.
El CDJ hizo un llamado a los distintos actores políticos y de la comunidad internacional para que velen por que se garantice que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a ser criminalizados o perseguidos.
«Quienes realizan actividades de promoción, densa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias», puntualizó el documento.