La aerolínea venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, anunció este jueves que se reserva el ejercicio de las acciones judiciales tras el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por Estados Unidos.
«Emtrasur S.A, se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación de los derechos humanos y del convenio sobre la Aviación Civil Internacional», dijo la empresa en un comunicado difundido por autoridades venezolanas en X (antes Twitter).
La filial rechazó y condenó la decisión del juez federal argentino Federico Villena, adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
Con la decisión «arbitraria» y el «secuestro de la aeronave», prosigue el escrito, «el gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, también el debido proceso en el cumplimiento de regulaciones internacionales».
Además, aseguró que fallos anteriores demuestran «la legítima titularidad de la aeronave, la legalidad de la carga verificada y corroborada por la autoridad aduanera argentina».
Finalmente, exhortó a las autoridades aeronáuticas internacionales a «no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica» de este avión, pues esto los haría «participes del robo de este bien legítimo» de la empresa de transporte de carga aérea venezolana.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, igual que Conviasa.
La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.
La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos con el que ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».
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