La represión institucional en Venezuela se incrementó en 2023, cuando, según informe presentado el jueves por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado preparó el terreno para las elecciones presidenciales de 2024 -que se celebrarán el 28 de julio- con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento inconstitucional de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el informe, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que los diputados no debieron convocar un proceso de designación de nueva directiva, sino designar reemplazos de rectores, porque la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su período, según la normativa.
Además, la organización señaló que la AN nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición, cuando la Constitución establece que el CNE estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, una decisión que pone en duda la capacidad de esta instancia para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos.
¿Por qué María Corina no puede participar en las elecciones presidenciales?
Acceso a la Justicia recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso contencioso electoral para dejar sin efecto las primarias de la oposición, una vez celebradas, en las que ganó María Corina Machado, quien no pudo concretar su candidatura a las presidenciales debido a inhabilitación administrativa que le impide optar por cargos públicos hasta 2036.
¿Cuál es la inhabilitación de María Corina Machado?
La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por lo que se desconoce las razones jurídicas por las cuales se dicta. Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que nadie sabe por qué fue inhabilitada, afirmó el codirector de la ONG, Alí Daniels.
Rcordó que el TSJ ha actuado como interventor, en especial sobre sindicatos y partidos políticos, lo que -según el informe- parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino también por silenciar toda disidencia en sus propias filas.
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