Aunque muchos pensaban (y seguro deseaban) que era un tema enterrado, el juicio en una corte federal de Manhattan contra el general Clíver Alcalá –que en su momento fue uno de los más cercanos a Hugo Chávez y es ahora acérrimo enemigo de Nicolás Maduro– está dejando bien claro que las autoridades de Estados Unidos no han dejado de lado el expediente de los nexos, y muchos negocios, entre el régimen venezolano y los jefes de las antiguas FARC.
A estas alturas, muy pocos en Colombia y en Venezuela deberían tener dudas de que en los últimos 25 años, los que lleva en el poder, el chavismo acogió y apoyó a grupos criminales y terroristas que atacaron y amenazaron, y aún lo hacen, la vida y seguridad de todos los colombianos. Pasó antes de la firma de la paz con las FARC, cuando Iván Márquez entró y salió tranquilamente por años de Fuerte Tiuna, el gran cantón militar de Caracas; y sigue pasando ahora con el ELN y con las disidencias de la Segunda Marquetalia. No en vano, quienes tienen la verdad de la posible muerte de Márquez, el hombre que traicionó dos veces la paz, son las fichas de Maduro que primero lo rescataron malherido del ataque que sufrió hace un año y luego lo mantuvieron con vida todos estos meses en instalaciones médicas militares.
Alcalá se declaró culpable de apoyar, por órdenes de Chávez, a un grupo que en ese momento (2006-2013) estaba en la lista de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. Se negó a aceptar cargos por narcotráfico, pero dijo, literalmente y con nombres propios, que les entregó lanzagranadas y su correspondiente munición a Márquez y a Timochenko, el antiguo jefe de las FARC que sí le cumplió a la paz y de quien seguimos esperando –al igual que de otros que siguen en el proceso como Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Pastor Alape– que cumplan el compromiso de decir toda la verdad sobre sus apoyos y auxiliadores. Y eso vale para los de Colombia y para los del exterior.
El expediente en Estados Unidos habla de negocios conjuntos de narcotráfico entre las FARC y Caracas. Incluso documenta un soborno de 5 millones de dólares a Maduro en el 2006 (entonces canciller), dentro de lo que llama “el esquema de lavado de dinero de la conspiración narcoterrorista”.
Acá, la Comisión de la Verdad pasó olímpicamente sobre el rol de Caracas en la prolongación del conflicto que tantas vidas ha costado en Colombia, y la JEP no muestra muchas ganas de meterle el diente al asunto. ¿Se puede decir que hay cumplimiento de los compromisos de paz de las FARC, y por lo tanto derecho a los beneficios de pena alternativa, si sus jefes se callan la verdad sobre este capítulo de la guerra? ¿Será la JEP capaz de incomodar a quienes prefieren que no se hable de la connivencia Caracas-antiguas FARC-disidencias-ELN? Y ojo, porque hay un crimen, agresión, cuya jurisprudencia sigue construyéndose en la Corte Penal Internacional, que retrata bien lo que ha pasado desde 1999 entre el régimen venezolano y Colombia.
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