La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen ha derivado a la Sala de Casación Penal el recurso planteado por el fiscal general, Tarek William Saab, para determinar si Voluntad Popular, el partido del presidente interino, Juan Guaidó y Leopoldo López, es una organización terrorista.
«La Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer y declinó su conocimiento ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del recurso de interpretación (…) interpuesto por el fiscal general», ha informado el TSJ en un comunicado.
El TSJ recordó que dicho recurso «busca determinar si la organización con fines políticos Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido en la normativa legal nacional y en la Carta Magna venezolana».
Saab denunció la supuesta implicación de Voluntad Popular en hechos que van desde el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en 2002 hasta la autoproclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela y la «incursión mercenaria» del pasado 3 de mayo en el marco de la ‘Operación Gedeón’.
«No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista (…) y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes», dijo en mayo al presentar el recurso.
Ante la iniciativa de Saab, el TSJ podría ordenar la disolución de Voluntad Popular. Algunos de sus líderes ya fueron inhabilitados para participar en elecciones por presuntos hechos de corrupción y el propio Guaidó está siendo investigado por delitos que irían desde la corrupción al intento de golpe de Estado.
Esta decisión judicial se enmarca en la renovada ofensiva del TSJ contra la oposición venezolana. En los últimos días, ha arrebatado a la Asamblea Nacional el poder de renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) para designar él a sus nuevos integrantes y ha cesado a las cúpulas de dos partidos opositores, Acción Democrática y Primero Justicia, para nombrar otras.