Hugo «el Pollo» Carvajal, exjefe de contrainteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, juega a tres bandas su defensa en España, donde está detenido a la espera de su extradición hacia EE UU.
Dispuesto a utilizar todas las herramientas judiciales para evitar ser extraditado por lavado de dinero y narcotráfico, los ejes de su defensa iniciaron con la petición de asilo que cursaba desde el segundo trimestre de 2019 y que fue rechazada. Dicha información ya fue suministrada a la Audiencia Nacional de España, para así agilizar el proceso de entrega de Carvajal.
No obstante, su defensa ya tiene preparados los recursos de apelación que le permite la ley, además de volver a abrir un sumario y los recursos constantes en instancias judiciales para dilatar el proceso.
Aunque la extradición a EE UU parece cercana, Carvajal también fue solicitado por Venezuela acusado de “sedición y traición”, país que comenzó el proceso de petición de extradición el pasado martes, según informó el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, al señalar que Carvajal estuvo vinculado a planes para asesinar a Nicolás Maduro.
Hugo «el Pollo» Carvajal
Carvajal creció de la raíz del chavismo. Participó en 1992 en el alzamiento contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y ejerció la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo el gobierno de Chávez entre 2004 y 2011 y luego, con Maduro, entre abril de 2013 y enero de 2014, donde se mantuvo dentro del entorno de confianza del chavismo y cumplió con delicadas misiones de Estado.
No obstante, años después cambió de bando y en 2019 ofreció sus servicios al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países. Poco después se exilió en España, casi inmediatamente tuvo que pasar a la clandestinidad. De hecho, llegó a España con documentos falsos y fue detenido por petición de Estados Unidos.
Recluido, entró en contacto con un preso famoso en el país: el excomisario José Villarejo, quien pagaba prisión preventiva por varios delitos. El Pollo quedó en libertad condicional cuando un juez denegó su extradición y aprovechó la ventana judicial para fugarse cuando la Audiencia Nacional de España. En septiembre de este año, después de un complejo operativo en coordinación estrecha con la DEA y la policía española, Carvajal fue capturado en Madrid.
Ahora, se vale de todo tipo de estrategias y ofrecimientos para no terminar en Estados Unidos donde, asegura, no lo buscan por haber delinquido, sino porque quieren información sobre el gobierno venezolano.
En junio de 2019 Carvajal presentó desde prisión una solicitud de asilo por considerarse “víctima de persecución política”. El Ministerio del Interior la rechazó y envió la decisión a la cárcel, cuando él ya se encontraba en libertad condicional mientras esperaba la resolución de Audiencia Nacional sobre su extradición.
Ese vacío es del que ahora se vale la defensa del exgeneral venezolano para pedir la revisión del caso, pues el Ministerio dice que no figuraba ningún domicilio para las notificaciones, pero la abogada de Carvajal, María Dolores Argüelles, asegura que sí existía una dirección de residencia.
Cuando la extradición avanzaba tras su nueva detención, el 14 de septiembre, la Audiencia Nacional paralizó la entrega porque Carvajal recurrió ante la Sala de lo Contencioso de ese organismo por no haber recibido respuesta a su solicitud de asilo. El Ministerio informó que hace dos años rechazó esa petición. Ahora, la abogada del solicitante pidió que la Oficina de Asilo revisara el expediente, para lo cual tiene seis meses, y anunció que si lo vuelve a denegar seguirá recurriendo. Inclusive piensa llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de ser necesario.
“Se trata de una estrategia de la defensa, pero hay que ver hasta donde primaría un trámite administrativo frente a un tema de índole penal”, explica al diario El Tiempo el abogado Juan Manuel Campo. Y aclara que, para ello, se necesitaría “demostrar que hay una causa de peligro, de riesgo para la vida del detenido”. “Si Estados Unidos garantiza la vida y que se trata de delitos, sin ninguna motivación política, es de esperar que prospere la extradición por encima de la petición de asilo”, agrega.
Campo señala que España solo debe verificar algunos requisitos que la ley exige. “De resto, no tiene que entrar al fondo del asunto, pues eso ya es competencia propia del Estado requirente”, afirma.
Campo aclara que es difícil generalizar en el caso de las extradiciones, pues cada uno presenta particularidades y es difícil saber qué criterios van a primar. “Hay algunas que han sentado doctrina —señala—; en el caso colombiano cabe mencionar las de [el empresario] Carlos Mattos, el exmilitar israelí Yair Klein, (el exfuncionario] Iván Puyo e, incluso, de los [narcotraficantes] Rodríguez Orejuela y José Luis Ochoa en 1985”.
Cuando lo detuvieron en 2019, Carvajal aseguró que conocía información relevante sobre presuntos vínculos chavistas con el grupo terrorista libanés Hezbolá y que estaba dispuesto a develarla ante la justicia española.
Un juez de la Audiencia Nacional abrió una causa secreta y lo llamó a declarar. Cuando iba a hacerlo en mayo, el exgeneral no compareció y, por lo tanto, fue preciso archivar la diligencia.
Esto sucedió mientras el exgeneral cambiaba de abogado. Hasta ese momento, su defensa estaba a cargo de José Antonio Cabrera, quien también le llevaba el caso al excomisario Villarejo. Poco después, Carvajal emitió un comunicado donde aseguraba que persistía su intención de facilitar información sobre “la estructura y los engranajes del funcionamiento criminal” del gobierno de Maduro.
El comisario Villarejo, por su parte, pidió al juez de su causa que citara al Pollo para que contara los nexos entre el chavismo y Podemos, el partido socio del actual gobierno socialista español.
Sin embargo, nada de esto se llegó a materializar debido a la fuga de Carvajal, que hasta septiembre se mantuvo escondido. Tras su reciente captura, el exgeneral volvió a comunicar su intención de hablar para que se reabra el sumario.
El 20 de septiembre compareció bajo secreto, aunque se sabe que suministró datos sobre supuestos nexos financieros entre el gobierno de Maduro y grupos terroristas como las FARC y ETA. Según algunas fuentes jurídicas quedó en aportar documentos y pidió que se le considere testigo protegido.
La última de las herramientas con las que Carvajal espera librarse de la extradición consiste en recurrir todas las resoluciones en su contra. El Tribunal Supremo, por ejemplo, debe deliberar sobre su impugnación al acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó la extradición el 3 de marzo de 2020.
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