El rodio es un metal estratégico, no un secreto de Estado

Ni antes ni después de su nacionalización, el petróleo fue considerado un elemento estratégico. Una riqueza. El origen de 90% de los ingresos del país, pero otro commodity en la bolsa de Nueva York. Materia prima de libre venta al mejor postor. Un producto tangible. Un hidrocarburo. Nunca la palabra “estratégica” –ni sus connotaciones militares– se empleó en los boletines de Pdvsa ni en los discursos presidenciales hasta hace cuatro años. Y si en Venezuela hay un elemento desde que comenzó en 1914 su explotación comercial en el Zumaque 1, que reúna esa categoría, es el petróleo.

Si bien nunca se discutió su propiedad, porque con la Independencia las riquezas del subsuelo se continuaron considerando bajo la soberanía del Estado, hasta el 1 de enero de 1974 se explotaba mediante un sistema de concesiones. Con la nacionalización, el Estado venezolano se reservó la industria de los hidrocarburos y a partir de ese día la empresa Pdvsa asumió todas las operaciones. Un gran paso para el desarrollo del país.

No se anunciaban restricciones ni zonas de seguridad ni la suspensión de las garantías constitucionales en las zonas petroleras ni se superponían los intereses tributarios del Estado al respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente. No solo éramos dueños del petróleo, sino que además lo explotábamos y lo vendíamos sin intermediarios.

Carlos Andrés Pérez entendió lo que significaba el dominio a plenitud de la industria petrolera: «El inmenso compromiso de administrar el petróleo. El Estado venezolano pasa a controlar la verdadera fuente de su poder financiero, que genera las cuatro quintas partes de sus ingresos ordinarios y 90% de las divisas del país. La responsabilidad que contrae el Estado es de incalculables proporciones. Hemos nacionalizado una industria y también un desafío. El éxito o el fracaso de la industria petrolera no dependerá de fuerzas mágicas, de misteriosos atributos del gobernante o de los directivos de las empresas. La capacidad de la nación como ser histórico adulto está en juego».

Dos décadas después, en 1995, Pdvsa era considerada la segunda empresa petrolera del mundo y una de las mejores administradas. El país también ganó en hospitales, universidades y capacidad industrial, pero sobre todo en esperanza de vida. En las mujeres alcanzó 74,49 años y en los hombres 68,7 años. Además, la población en general había ganado 10 centímetros de estatura.

Al reservarse el Estado el negocio petrolero, las operaciones de exploración, explotación, transformación y comercialización no se convirtieron en secreto de Estado, ni ninguno de sus compromisos comerciales o geológicos eran considerados reservados. Al contrario, los controles y la rendición de cuentas se hicieron más perentorios y públicos. Se sabía cuánto se producía y cuánto se vendía. Sin secretismo ni opacidades. Las cuentas eran en tiempo real, no diez años después.

Hasta bien atornillado el régimen de Hugo Chávez, incluso después de la huelga general de 2002-2003 los venezolanos sabían, pese a la desinformación imperante, cuánto petróleo le enviaba gratis a Cuba y cuánto vendían los hermanos Castro en el mercado spot y a qué precio. La información fluía.

Pero los mecanismos de control se fueron diluyendo con la denominada contraloría social hasta que desaparecieron. Pagaban y se daban el vuelto. La Contraloría General de la República devino en un blanqueador de prestigios y fortunas desde mucho antes de que el BCV se inhibiera de calcular y maquillar los índices de inflación. El gobierno socialista se reservó el manejo de las estadísticas. No se conocían las cuentas de Pdvsa ni de las empresas de la CVG, tampoco los reportes epidemiológicos. Tampoco los ingresos del Seniat. Las memoria y cuenta de los ministerios desaparecieron, a la par de los productos de la dieta, las medicinas, la seguridad ciudadana, el debido proceso y la prohibición de la tortura.

El gobierno digital, anunciado como la antesala de la democracia directa y participativa, consistió en ponerle una banda más ancha a la restricción informativa hasta llegar a la censura, el cierre de medios y la persecución y muerte de periodistas y editores. Cada ministerio y cada dependencia del Estado, cuenta con su página web y su cuenta en Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Tik-Tok, pero en ninguna hay cifras reales, ingresos y egresos. Abunda la literatura y el proselitismo político. Son repetidoras de consignas.

El 6 de abril de 2022, en la página del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, con su obvio cognomento del Poder Popular, se publicó que “la ‘Casiterita’ es un Mineral importante para la Producción de Estaño” (sic). Faltas de ortografía aparte, y luego de enterar al lector que “Venezuela es un país con grandes riquezas minerales distribuidas a lo largo y ancho de su territorio, donde destacan los minerales metálicos, lo cuales están caracterizados por su dureza, maleabilidad, transmisión de calor y electricidad”, informa que el decreto 4.598, publicado en la Gaceta Oficial 42.230, “reserva y declara como elementos estratégicos para su exploración, explotación, beneficio-transformación y comercialización, los minerales Casiterita, Níquel, Rodio, Titanio y los asociados a los elementos de las Tierras Raras. Quedando sujetos al régimen de reserva previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos” (sic).

Ni en ese decreto ni en el 2.165, que reserva al Estado la exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, establece que habrá confidencialidad y el mayor secreto en cuanto a reservas, producción, calidades, compradores, vías de exportación, tributos y demás detalles relacionados con esos minerales. Sin embargo, cuando alguien pregunta al respecto, aparece el término “estratégico” con la acepción bolivariana de “secreto de Estado”.

Solo en el artículo 38, titulado “Zonas de seguridad”, establece que el presidente en consejo de ministros declarará las áreas mineras auríferas y de otros minerales estratégicos zonas de seguridad. Pero aclara “que será la normativa especial que se dicte en desarrollo del decreto la que determinará el funcionamiento y el régimen sobre las actividades, bienes y personas, así como las sanciones a que hubiere lugar”. Todavía, en julio de 2023, no se ha declarado la primera zona de seguridad minera como lo estipula el decreto 2.165.

El 8 de marzo de 2016, Nicolás Maduro anunció que “había decidido crear una zona militar especial para la protección de todos los municipios mineros y el despliegue unidades militares renovadas, fortalecidas”. Luego la denominó oficialmente “Zona Económica Militar”, pero tampoco se cumplió la normativa. Debió consultarse con los pueblos indígenas, como lo establece el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y nunca ocurrió. Tampoco se cumplió lo estipulado en la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas: “La realización de nuevos proyectos de desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas, deberá estar sujeto a un amplio proceso de información y consulta con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas”.

Mucho menos aumentó la protección social y humana de los indígenas que viven y se ganan la vida en algún punto de los 111.843 kilómetros cuadrados que abarca el Arco Minero del Orinoco o en sus cercanías. La zona está plagada de conflictos, disputas y matanzas en la que participan militares de todos los rangos y componentes, delincuencia organizada y de toda laya, y guerrilleros del ELN colombiano y disidentes de las FARC.

Foto: geopol21.com

El informe de julio de 2020, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expuso: Las personas que trabajan en el Arco Minero se encuentran atrapadas en un contexto de explotación laboral y altos niveles de violencia. Los sindicatos criminales, en complicidad con militares, determinan quién entra y sale del área, imponen reglas, infligen castigos salvajes a quienes las quebrantan y obtienen beneficios económicos de toda actividad dentro del área, incluso a través de la extorsión a cambio de protección.

La inusitada cantidad de militares, sea en labores de vigilancia y protección, o en la explotación de sus propias minas directamente o por intermediación de Camimpeg (Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas) no ha disminuido la violencia ni ha mejorado las condiciones laborales ni la situación de los derechos humanos. Desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y la trata de blancas en las zonas mineras, incluso de adolescentes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene informes sobre la gran cantidad de niños trabajando en las minas.

A pesar de las numerosas “autoridades” militares y civiles en la zona, no hay investigaciones de las matanzas ni se persiguen los delitos ambientales en parques nacionales o zonas declaradas patrimonio de la humanidad por su particular belleza y la existencia de una flora y fauna única en el mundo.

El mercurio, a pesar de estar prohibido en la minería, y otros elementos tóxicos que utilizan para separar el oro de otros minerales contaminan las aguas y los suelos. Las personas que manejan el proceso y las que viven en las inmediaciones corren un grave riesgo su salud, así como los que consumen peces de los ríos con mercurio, incluso si los pescan lejos de las áreas mineras.

En 20 años se han perdido 790.000 hectáreas de bosque en la Amazonía venezolana por la desbocada actividad minera y agropecuaria, pero 37% de la destrucción ha ocurrido a partir de 2015. Cada año se devastan más de 75.000 hectáreas. No debe sorprender por lo mucho sino por lo poco.

El Arco Minero se formalizó en contra de obligaciones constitucionales. Sin consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. El modo de vida de las etnias inga, mapoyo, eñepá, kariña, arawak y akawako ha sido drásticamente afectado con la deforestación, la cacería furtiva, la explotación de la mano de obra indígena, la contaminación de los ríos, la destrucción de su ambiente y el imperio de la violencia sangrienta.

Cuando, se decretó el Arco Minero, el anuncio que preponderó en los medios y plataformas oficiales fue que Venezuela tenía las mayores reservas del mundo de oro y diamantes. De acuerdo con Roberto Mirabal, entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, el Arco Minero del Orinoco tiene un potencial de unos 2 trillones de dólares. Aseguró que vendrían las empresas más importantes del mundo a crear fuentes de trabajo y a generar riqueza. No vinieron. Apenas asomaron la nariz y se devolvieron. En cambio, los mineros artesanales se multiplicaron. Llegaron a 57.000 en los primeros días. Sin embargo, la cantidad de minerales que enteraban al Banco Central no llegaba a un tercio del metal extraído.

En agosto de 2020, cuatro años después de haber declarado el oro material estratégico, las reservas de oro del BCV se redujeron a 98 toneladas, el volumen más bajo en 50 años. En 2022 fue noticia que Maduro había vendido 300 toneladas de oro por 1 millón de euros, que salieron en 8 vuelos de una aerolínea que le presta servicios a Vladimir Putin que tenían como destino Mali, Emiratos Árabes Unidos y Libia. El cerebro de la operación fue Alex Saab. Se desconoce el paradero del dinero.

Las cuentas no salen ni se beneficia el pueblo. La restricción informativa y la interesada opacidad en el manejo de la actividad extractiva aurífera indican que en 2018 el BCV compró 9,72 toneladas de oro provenientes del Arco Minero del Orinoco y que a Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera afirmó que ese año el Arco Minero del Orinoco produjo 35 toneladas de oro. Al cierre del año, el BCV había recibido 10,5 toneladas, 30% de la producción anual. El restante 70% (24,5 toneladas) habría salido contrabando.

El rodio también desaparece

Las reservas de rodio, un metal varias veces más caro que el oro, son desconocidas. Lo encontraron entre 2017 y 2018. El general de brigada del Ejército, Roberto González Cárdenas, se refirió a la existencia del mineral en una entrevista el 9 de junio de 2017 con Walter Martínez en el programa Dossier de VTV. Sin embargo, el experto en inteligencia lo ubicó en cerro Impacto, pero ahí lo que hay es torio, un mineral menos radiactivo que el uranio.

Tuvieron que pasar dos años para que el rodio apareciera en la Gaceta Oficial. El decreto 4.598 de la Presidencia de la República lo declaró mineral estratégico junto con la casiterita, el níquel, el titanio y las tierras raras. El rodio forma parte del grupo de los platinoides con el platino, el paladio, el osmio, el iridio y el rutenio.

Muchos después, en 2022 las redes sociales y los medios online replicaban la información que publicó Ibeyise Pacheco en el Diario Las Américas sobre el hallazgo en el sector Hoja de Lata, entre el Hato Casa Blanca y San Martín de Turumbán, en el estado Bolívar. En las coordenadas 6.933772 -61.282068. Ahí no hay una mina, sino una planta de cianuración de oro. Pacheco cuenta que luego de haber separado el oro de los otros metales, quedó una arenilla más fina que sometieron a análisis y la identificaron como rodio. Y en una buena proporción.

Al igual que el paladio, el rodio se extrae como un subproducto de platino y níquel, pero es un mercado mucho más pequeño y, por lo tanto, muy volátil en el precio. En su último pico de la década llegó a 10.000 dólares la onza (28 gramos). En agosto de 2016 cayó a 639 dólares y en la última semana de junio de 2023 se movió entre 5.600 y 4.700 dólares.

No hay mercado de intercambio ni mercados a futuro, ni se oferta en la bolsa de valores. El precio depende de la oferta y la demanda, y es extremadamente volátil. Es un metal precioso y esquivo, y su producción muy complicada. Existe una limitada cantidad de barras de rodio puro, son muy pocos los inversionistas que participan del negocio.

No hay yacimientos de rodio. Nunca se encuentra en la naturaleza en estado puro, siempre está combinado con otros metales como oro, platino, cobre, níquel y tierras raras. Es uno de los metales menos abundantes, solo Sudáfrica produce 80% del total mundial, Rusia 16% y Estados Unidos 2%. Lo demás son minucias, pero a nivel particular es muchísimo dinero. Pueden pagar hasta 1 millón de dólares por 1 kilogramo.

En las últimas décadas ha aumentado la demanda mundial de rodio, y no solo en el sector automotriz. Por su extraordinaria resistencia a las altas temperaturas, ser el metal más dúctil del grupo platino, buen conductor térmico y eléctrico, no se oxida en contacto con el aire y, entre otras propiedades, en aleaciones con platino y paladio es un agente endurecedor y se usa como galvanizado en productos que deben resistir las condiciones climáticas.

La mayor demanda es en el sector automotriz. El catalizador de los motores de combustión es un componente del sistema de escape que modifica químicamente 98% de los gases altamente contaminantes del proceso de combustión. Contiene un panel de cerámica con un recubrimiento de paladio, rodio y platino que, al entrar en contacto con los gases nocivos, como el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) o el óxido de nitrógeno (NOx), generan gases nobles o inertes que son menos contaminantes y menos lesivos, como el agua (H₂O) y el dióxido de carbono (CO₂).

Se utiliza en la industria médica en los aparatos de mamografías y marcapasos, en la industria espacial por ser altamente resistente a la corrosión, en las comunicaciones y en todo el ámbito militar, incluido el misilístico. Además, aparece como un elemento esencial en la estructura de las baterías de los automóviles eléctricos. No se avizora una caída del consumo, por lo que el reciclaje será una opción importante en el próximo futuro y ya han aparecido grandes, pequeñas y minúsculas empresas que se dedican a la recuperación del rodio, platino, iridio y se anuncian en páginas web y hasta en DeRemate.com.

El rodio no es un elemento prohibido, ni se le considera un estupefaciente, ni una sustancia sometidas a leyes especiales. Si bien cualquier gobierno está en su pleno derecho a considerar “estratégicos o críticos”, lo elementos químicos, metales o naturales que escoja, y fue lo que hicieron la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, no se impone el capricho, sino que debe reunir ciertas condiciones.

En primer lugar, respecto a su disponibilidad, debe ser escaso –o relativamente escaso-, insustituible –o difícilmente sustituible– y estar desigualmente distribuido. En segundo lugar, el recurso natural debe ser clave en el funcionamiento del modo de producción. Asimismo, el recurso estratégico debe contribuir al mantenimiento de la hegemonía regional o mundial, o de la supremacía de ciertos actores a nivel local. Finalmente, un recurso solo puede entenderse como estratégico según la percepción que se tenga de su situación actual frente a su proyección a futuro.

Minerales estratégicos

Transcurrieron nueve meses para que en la página web del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico apareciera una escueta y simplona nota en la categoría “Noticias” que describía “el Rodio” (sic) como uno de los minerales estratégicos de Venezuela: “Presenta un aspecto parecido al platino, muy duro y resistente a la corrosión, que es usado mayormente por la industria automotriz. Forma parte de los seis metales del grupo de los platinoides, como lo son: platino, paladio, rodio, osmio, iridio y rutenio”. La verdadera noticia aparecía como un detalle sin importancia: “Venezuela tiene yacimientos de rodio en el estado Bolívar”. Nada sobre la ubicación del hallazgo, la cantidad que podría haber ni de su explotación y comercialización.

Después apareció la misma nota, pero sobre “La Casiterita” (sic) y los demás minerales declarados estratégicos. Una plantilla de restricción informativa.

Imperó el blackout

Carlos Hermoso, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la UCV y secretario adjunto de Bandera Roja, que había alertado en 2019 sobre las implicaciones geoestratégicas por la presencia de rodio en Venezuela, ahora denuncia la inexistencia de información sobre su explotación y comercialización. Oficialmente, el BCV, que es el ente designado para la compra-venta de los metales preciosos, no ha registrado la primera onza en sus libros de contabilidad.

Las leyes vigentes estipulan que el oro y demás minerales estratégicos que se obtengan de cualquier actividad minera en el territorio nacional, serán de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela. Aunque una resolución de 2020 permite que el BCV pueda declinar la compra de oro y autorizar su venta al exterior, no se hace referencia alguna al rodio. El Estado no ha sido enterado de la cantidad de rodio producido ni del valor agregado. Lógicamente, tampoco hay pago de tributos.

En la página oficial del BCV en el ítem de “minerales estratégicos” solo aparecen oro y diamantes. Pero bajo la categoría oro, se despliega el aparte “metales” y se mencionan aluminio, cobre, níquel, estaño, acero y plata, pero nada sobre los minerales que se han declarado estratégicos. No nos hagamos ilusiones, los cuadros que aparecen actualizados hasta junio de 2023 no se refieren a la producción sino al precio.

En la página del ministerio que “desarrolla la minería ecológica” tampoco hay cifras, nada que se refiera a trabajo y mucho referido a promesas, proyectos y blablablá. El perfil del ministro, el almirante William Miguel Serantes Pinto, aparece desplegado a toda página y bien detallado. El punto más sobresaliente en su hoja de vida es que “durante la histórica gestión del comandante Hugo Chávez, con la llegada de la Revolución Bolivariana, asistió a La Habana Cuba, enviado para la formación integral de una Comisión Especial dirigida a efectivos de la FANB” (sic). Es el cuarto ministro desde 2019 y se mantiene en el cargo desde 2021.

Arco Minero del Orinoco. Foto: Fundaredes

¿Secreto de Estado?

Si bien el 20 de julio de 2022 se publicó en un número extraordinario de la Gaceta Oficial la denominada Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, que regula “la creación, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, así como los incentivos económicos, fiscales y de otra índole que resulten aplicables, en función de un modelo de desarrollo económico soberano y de producción nacional que garantice el encadenamiento productivo, la seguridad jurídica, la justicia social y los medios ambientalmente sustentables”, la frase “secreto de Estado” no aparece en ninguna parte de las ocho páginas de la publicación. Tampoco “información reservada” o cualquier otra que implique censura o restricción informativa.

No obstante, el artículo 31 establece que “las mercancías que procedan de las Zonas Económicas Especiales, así como los bienes, sus partes y accesorios provenientes del exterior, que sean internados al territorio nacional para el consumo regular nacional, estarán sometidos al régimen jurídico aduanero comprendido en el régimen tarifario y legal que esté vigente para la fecha de su manifestación de voluntad o declaración de aduanas, todo esto conforme al destino aduanero que le otorgue el consignatario de las mercancías, de conformidad con las providencias que dicte la administración tributaria nacional”.

Y es, precisamente lo que no se cumple. Si está calculado que 70% del oro que se extrae del Arco Minero sale del país como contrabando, en el caso del rodio el porcentaje llega a 1.000%, para repetir un eslogan electoral del PSUV, el mismo porcentaje de la destrucción ambiental y la violación de los derechos civiles y humanos.

En peligro los recursos hídricos

Aunque la destrucción ha sido inmensa al sur del río Orinoco, todavía no ha ocurrido lo peor. Antes de decretar el Arco Minero del Orinoco no hubo estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, ni se han tomado medidas para detener la feroz destrucción en marcha. Todos hemos visto las fotos y los videos con escenas desgarradoras. Árboles talados y lodazales contaminados de mercurio prohibido, cianuro y otros elementos tóxicos. Con la incorporación del rodio, el rumbo de la depredación medioambiental va hacia peor: tierra arrasada.

El extractivismo, fomentado por la codicia y el afán de riqueza, implica para la nación daños ambientales irreversibles sin beneficio alguno. Además, ha dislocado las condiciones de vida de los pueblos indígenas, destruido su hábitat e impactado su cultura y hábitos ancestrales. Una hecatombe ambiental producto de la irresponsabilidad del Estado. Una real «tierra de nadie», en la que se cometen todos los delitos y mandan los delincuentes de toda ralea, sea con uniforme verde olivo o con carnet del partido. Impera la economía criminal.

La leyenda urbana ha grabado en el imaginario que la selva amazónica es un pulmón vegetal, una fuente de oxígeno. No se dice mucho del agua, tan esencial como el oxígeno, pero más escaso. No crean el cuento chino de que con la energía del sol habrá cientos de miles de plantas para desalinizar el mar Caribe. La destrucción de la Amazonía atenta contra el derecho a la vida, contra la naturaleza y contra la existencia del país.

El rodio, escaso y caro

El lunes 19 de junio de 2023 una onza troy de rodio (31, 103477 gramos) se transaba en el mercado por 20.000 dólares, pero puede bajar a 2.300 o alcanzar 38.000 dólares.

Sin embargo, el Estado venezolano parece estar en estado de indigencia, o peor sufre el síndrome de Diógenes. A falta de todo, declaró de carácter estratégico y vital, no solo el oro, los diamantes, el rodio, el cobre , el platino, tierras raras y todos los elementos que hemos nombrado, sino que el Ejecutivo Nacional (sic) se reservó –al estilo de “Aquí estoy agachaito”, la chivera más prestigiosa de Catia– la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición, así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Todos fueron declarados de “carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional y quedó absolutamente prohibida su exportación”.

Igualmente, le otorga al Ministerio de Seguridad Ciudadana las medidas destinadas a detectar, prevenir, controlar y combatir las prácticas ilegales de comercialización, sustracción, extracción, aprovechamiento, almacenamiento, transporte de recursos o materiales estratégicos, aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal y sus derivados; residuos sólidos no metálicos, fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón, fibra óptica; chatarra ferrosa y no ferrosa en cualquiera de sus modalidades.

El artículo 5 del decreto número 3.586, establece que el ministro de Industrias y Producción Nacional establecerá los mecanismos para la adjudicación y celebración de alianzas estratégicas o convenios administrativos con las gobernaciones y alcaldías, o sus entes adscritos, para que una vez comprobada su capacidad técnica, organizacional y financiera, asuman las actividades de generación, recolección, distribución, acopio, transformación o comercialización de los materiales estratégicos.

No nombra empresas, ni cooperativas ni consejos comunales, ni familias emprendedoras ni individuos indigentes. Solo los alcaldes y gobernadores, o los entes adscritos que ellos autoricen, podrán recoger cartones, cambiar ropas por oro viejo, empeñar prendas, etc. Se “acabó” un negocio que empezaba a prosperar con el robo de los catalizadores de los automóviles: la recuperación y reciclaje de rodio.

Página web de la empresa británica Baird & Co.

Un reciclaje complicado y controvertido

El catalizador tiene una vida útil cercana a los 120.000 kilómetros. Debido a su contenido de metales preciosos, su reciclaje es parte del desmantelamiento del vehículo declarado pérdida total o que fue estacionado en “mal sitio”, la cantidad de catalizadores listos para reciclar ha aumentado. Es más, hasta los propios dueños los han desmontado para adquirir otros bienes más críticos, como un pollo o media chuleta.

Los catalizadores son una fuente de metales nobles al ser sometidos a procedimientos hidrometalúrgicos mediante agentes altamente agresivos y corrosivos. Una operación que produce grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos, además de emanaciones muy tóxicas. Pero los alicientes también son monstruosos: un kilo y medio de rodio vale casi un millón de dólares.

Más que un metal estratégico se le empieza a transar como un metal de inversión, pero no en minas, sino en lingotes de una a cinco onzas, en barras, monedas. Una advertencia, a diferencia del oro o la plata, es muy difícil convertir el rodio en monedas o lingotes. Es extremadamente frágil. Si se presiona a una moneda de rodio o a una pieza de joyería, o lo dejas caer, se romperá como un vidrio.

Son varias las empresas que fabrican este tipo de artículos de rodio, pero las mayores son la compañía británica Baird & Co y la empresa suiza llamada PAMP. Los lingotes de rodio de 1 onza están disponibles para el almacenamiento exento de IVA en Suiza y para la entrega a nivel mundial. Pero de México hasta la Patagonia abundan negocios y emprendimientos que venden y compran rodio, pero también ofrecen en venta una planta-laboratorio para el refinado y extracción de oro, plata, paladio, platino y rodio y otros metales preciosos, críticos y estratégicos. De segunda mano y por 350.000 euros.

Quedan pocos elementos en el universo físico venezolano –sea nuevo, usado o deteriorado– que el “Ejecutivo Nacional” (sic) no se haya reservado el dominio, explotación y comercialización declarándolo de interés estratégico. Insistimos, no lo hizo con el petróleo, pero sí con el espacio sideral, la prolongación del espacio aéreo. Tampoco lo hizo con el agua, que es más que estratégico: es el vital líquido que repiten los alcaldes y los redactores de los medios bolivarianos. Sin embargo, todo lo que se ha hecho en el Arco Minero del Orinoco contra los sistemas ecológicos son una mortal amenaza a las fuentes de agua. ¿Creen que basta poner un grifo en la pared y publicar un decreto para que salga agua? En el próximo capítulo tendremos más rodio, pero también corrupción.