El régimen de Nicolás Maduro continúa durante la cuarentena con la política de persecución hacia periodistas y ciudadanos por informar, con el fin de instaurar un silencio informativo. Desde el 16 de marzo, cuando inicio la medida para combatir el covid-19, la ONG Espacio Público ha registrado 166 violaciones a la libertad de buscar y difundir información.
Solo en la última semana, se produjeron 17 violaciones, en nueve casos. Cinco fueron restricciones administrativas, cinco por censura, cuatro por intimidación, dos por hostigamiento verbal y una amenaza.
Estas cifras corresponden a periodistas, reporteros gráficos, medios de comunicación y ciudadanos. En medio de la pandemia del covid-19, los nuevos afectados han sido los trabajadores de la salud.
«Siete de las víctimas son asociadas a la salud. Esta es la política que ya existe, pero que se ha focalizado con mucha fuerza en relación al covid-19. Ahora por la cuarentena y el estado de alarma que estamos viviendo, hay mayor arbitrariedad», manifestó Carlos Correa, director de la ONG.
Libertad de expresión
El Colegio Nacional de Periodistas Caracas, por su parte, documentaba 64 vulneraciones a la libertad de expresión, del 15 de marzo a 15 de abril.
15 impedimento de circulación a periodistas, 10 amenazas, 7 intimidaciones, 5 hostigamientos, 3 eliminación de material, 2 medios cerrados por escasez de gasolina, 1 emisora cerrada, 1 ruptura de documento de identificación, 1 equipo decomisado y 1 nuevo bloqueo a un medio digital.
Además, registró 18 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa por ejercer su labor. De ellos, uno permanece en prisión, Eduardo Galindo, secretario del CNP Apure.
Los 17 detenidos restantes fueron puesto en libertad bajo medidas cautelares. Tal es el caso del periodista Darvinson Rojas, detenido el 21 de marzo por las Fueras de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
40% de las agresiones registradas de 1 al 15 de abril, fueron a manos de la Guardia Nacional Bolivariana; 12% por funcionarios de civil, 12% por la PNB, 8% por desconocidos, 8% por las FAES, 8% por policías municipales; 8% por civiles afectos al régimen y 4% por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB.
«Se ha aprovechado el estado de alarma por el covid-19 para incrementar las agresiones a periodistas y medios; para impedir la libre circulación y cercenar el derecho habla información», manifestó Edgar Cárdenas, secretario general de CNP Caracas.
Silencio informativo
Aparte de la emergencia humanitaria compleja que golpea a todos los ciudadanos y empresas por igual, los periodistas y medios de comunicación son afectados por las fallas del servicio de internet y los bloqueos de los sitios web.
A eso se le ha sumado, la crisis de gasolina agudizada durante la cuarentena, que ha impedido ls movilidad de los comunicadores y circulación de medios impresos.
Correa recordó que la Constitución garantiza la libertad de expresión e información aun en los estados de excepción. No obstante, este derecho no es respetado por la cúpula gobernante.
«Los grupos donde se han registrado mayor número de violaciones de derechos humanos en el contexto de cuarentena están asociados todos a la libertad de expresión. Entre ellos, periodistas, medios de comunicación, trabajadores de la salud, defensores de derechos humanos y líderes políticos, pero los medios de comunicación son los más golpeados en este estado de alarma», subrayó.
A su juicio, esta situación se origina debido a la necesidad del régimen de «silenciar a los ciudadanos» ante la crítica situación del país.
Cárdenas indicó que para los periodistas y medios de comunicación representa un riego el difundir material informativo. Esto, afirmó, es parte de la política de la cúpula gobernante para generar miedo, preocupación y allanar el camino hacia la autocensura, en su objetivo de instaurar «un silencio informativo».
«Intentan silenciar a través de la presión, del miedo y terror para que no se sigan informando», manifestó el secretario del CNP Caracas.
No obstante, resaltó el compromiso de los profesionales de la comunicación con la verdad. «Tenemos el compromiso de informar; que la gente sienta que está segura con información veraz de lo que acontece en el país», agregó.
Un compromiso intacto
Davirson Rojas mantiene intacto su compromiso de informar a los ciudadanos, pese a ser víctima de la persecusión del régimen.
El periodista tiene un procedimiento abierto por instigación al odio e instigación pública, contemplados en la Ley contra el odio de la asamblea nacional constituyente.
Su detención estuvo relacionada con información que publicó en sus redes sociales sobre los casos de covid-19 en Miranda. Este estado con mayor número de infectados, con 86 de los 333 confirmados por el chavismo hasta este jueves.
«Como lo indiqué el día que regresé a mi casa, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo», afirmó.
Reconoció los riesgos que existen a la hora de informar, sobre todo, cuando cubre la fuente de sucesos, la cual no cuenta con una vocería oficial.
«No creo que vuelvan a detenerme por el mismo caso, pero más adelante es una situación de la que ninguno está excepto y que pudiera ocurrir como ha estado ocurriendo», enfatizó.
@ebritop22