El periódico venezolano El Nacional, que este año llega a su 80° aniversario, sigue resistiendo los embates del Estado, que no solo lo dejó sin papel, sino que también bloqueó su sitio web, confiscó su sede y emitió una orden de detención contra su presidente editor, Miguel Henrique Otero, y varias citaciones contra al menos cuatro periodistas.
El 25 de enero, José Gregorio Meza, jefe de redacción del periódico, y Virginia Núñez, de recursos humanos, fueron buscados en sus casas por policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Eso luego de la publicación de una serie de reportajes en los que se mencionaba al hijo de Nicolás Maduro.
En los textos se hace referencia a los hermanos Ricardo y Santiago Morón Hernández como supuestos socios comerciales de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro. Los trabajadores de El Nacional fueron llevados a una de las sedes del Cicpc en Caracas para declarar al respecto.
Hasta ahora, Meza y Núñez prefieren guardar silencio. Sin embargo, El Tiempo conoció que, al ser interrogados, uno de los funcionarios dijo: «¡Cómo se les ocurre meterse con el hijo del presidente!», haciendo referencia a los reportajes sobre los que los periodistas estaban trabajando.
Interrogatorios a trabajadores de El Nacional
La división de Delitos Informáticos de la Policía Científica fue la responsable de realizar los interrogatorios, que duraron un par de horas. En ellos se preguntó sobre los textos que elaboró la unidad de investigación de El Nacional y por periodistas que residen en el exterior.
La Fiscalía 94 se encargó del caso, en el que se suponía que había una orden de arresto contra Meza, a quien despojaron de su celular ese 25 de enero. Al día siguiente le devolvieron el equipo y la Fiscalía aclaró que no había ninguna orden de detención en su contra.
Para Miguel Henrique Otero, esta “nueva arremetida” contra el periódico no impedirá que sigan trabajando en reportajes de investigación. “Más de lo que nos han hecho ya es muy difícil de hacernos. Pero tenemos una página web que es muy poderosa que, aunque está bloqueada en Venezuela, se lee muchísimo”. Así le dijo a El Tiempo el presidente editor de El Nacional.
Desde su exilio en España, recordó que por estos reportajes hay una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, desconoce los delitos que se le imputan. “Creamos un equipo de investigación para crear temas nuevos sobre estructuras de poder en Venezuela, algo que no sale en los medios, y dentro de eso publicamos esos trabajos de los hermanos Morón”.
Los reportajes de El Nacional
El Nacional publicó que los hermanos Morón Hernández saltaron a la fama en 2017, “cuando se descubrieron sus vínculos con Nicolasito por una foto que a simple vista parecía inofensiva, hoy mantienen sus perfiles en las redes sociales ajustados a la más estricta privacidad y las fotografías, comentarios, publicaciones y noticias que existían sobre ellos, sus amigos y familiares han desaparecido. Hoy son polvo cibercósmico, electrones desaparecidos”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, mediante la orden ejecutiva 13.692 (enmendada), sancionó a los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón Hernández “porque ambos supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito que dirige Nicolás Ernesto Maduro Guerra”.
Lo señalan como el “zar del oro y el coltán” y lo acusan de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta de oro extraído en Venezuela y despachado desde el Banco Central de Venezuela, publica el medio venezolano.
El Nacional publicó que los hermanos Morón Hernández realizaron una limpieza digital en la web y “desindexaron» los contenidos y “aparecieron” en las redes sociales otros perfiles con los nombres homónimos de los Morón Hernández. “Los cuales, mediante el posicionamiento orgánico (SEO), lograron que los cibermuñecos de paja aparecieran en los primeros resultados de búsqueda en Google, Bing y otras plataformas”.
Periodistas venezolanos, en riesgo de ser perseguidos
Carolina Briceño es una de los periodistas que participaron en las investigaciones publicadas en El Nacional. Desde hace más de cinco años vive en Colombia debido a varias amenazas que recibió cuando vivía en Venezuela. Ahora asegura que se enfrenta a algo similar.
Briceño le narró a El Tiempo que dejó su casa en Villa del Rosario luego de recibir información de que el gobierno venezolano la estaría buscando. El 25 de enero renunció al Permiso de Protección Temporal (PPT) para poder solicitar el refugio, pero asegura que la Cancillería insiste en que el proceso no se ha ejecutado. Por tanto no se puede otorgar aún el estatus de refugiado.
La periodista expresa que tiene miedo de posibles represalias aun estando en otro país y que teme no solo por su integridad, sino por que sea deportada. Aseguró que antes de trasladarse a Bogotá recibió amenazas telefónicas en Cúcuta. Asimismo, señaló que hacer periodismo de investigación en Venezuela es complejo.
Los sensores del Estado están encendidos en todo momento. La mayoría de los periodistas que se dedican a esta área están en el exilio, de lo contrario corren el peligro de ser encarcelados.
Violaciones de la libertad de expresión
Según la ONG Espacio Público, se registraron 468 denuncias de violaciones de la libertad de expresión en 2022. Esta cifra no representó una variación significativa con respecto a lo documentado el año anterior.
Espacio Público reportó en su informe de enero que las denuncias de censura ocuparon el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale a 43% del total de violaciones.
“Principalmente estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet. Lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones”, dice el informe.
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