El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este lunes su intención de restablecer la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para facilitar la extradición de venezolanos involucrados en “grupos delictivos transnacionales”.
En un comunicado difundido a través de Instagram, Saab afirmó: “Como institución garante de la legalidad, nos comprometemos en la lucha contra el delito y estamos dispuestos a retomar la cooperación penal con el gobierno de los Estados Unidos para lograr la extradición de cualquier integrante venezolano de estos grupos que cometen crímenes a lo largo del continente”.
Saab destacó que miembros del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de las prisiones venezolanas que ha expandido sus operaciones por varios países latinoamericanos, habrían viajado desde Colombia hacia Estados Unidos con el apoyo de “extremistas venezolanos como Leopoldo López, Miguel Pizarro y Carlos Vecchio”, quienes, según él, cuentan con el respaldo de Gilber Caro.
“Hay evidencia que sugiere comunicación entre Gilber Caro como intermediario de Leopoldo López y los pranes (líderes) de las prisiones venezolanas. Se solicitó su apoyo para generar violencia tras su derrota en las elecciones del 28 de julio”, agregó Saab, aunque no presentó pruebas concretas.
El fiscal también informó sobre el desmantelamiento de esta banda criminal en Venezuela, resultado de un proceso dividido en dos etapas que culminó con 48 detenidos y “juzgados”, además de varias bajas en enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
“Una barrera que ha impedido avanzar en el juzgamiento de los integrantes del Tren de Aragua es el refugio que reciben en territorio colombiano”, declaró Saab, responsabilizando a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque por permitir la entrada de estos criminales al país andino.
Por otro lado, este lunes, el equipo del presidente estadounidense Donald Trump anunció que planea firmar una orden que designaría a los carteles del narcotráfico mexicano y bandas criminales como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, lo cual prohibiría cualquier tipo de asistencia o colaboración con dichos grupos.