En Colombia hay a la fecha, de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 4.251 menores a la espera de ser adoptados. Y este número podría ser mucho más alto si se pudiera contar a los niños migrantes venezolanos a quienes, por impedimentos en la regulación actual, les es imposible siquiera optar por la adopción, quedando en riesgo de nunca volver a tener a una familia.
Y es que si para los niños, niñas y adolescentes colombianos les es difícil ser acogidos por una nueva familia (la mayoría de las veces no por trabas legales sino por exigencias de los padres adoptantes), para los migrantes lo es mucho más, por una razón: no cuentan con nacionalidad colombiana.
Desde que se promulgó la Ley 1997 de 2019 todos los menores que hayan nacido en territorio colombiano pero que sean hijos de migrantes venezolanos tienen derecho a su registro civil. Sin embargo, esto deja por fuera a los miles de menores que ya fueron reconocidos como venezolanos en su país, pero que actualmente están en Colombia y, por su situación de vulnerabilidad, cumplen con las condiciones para ser aceptados en un programa de adopción, así como aquellos nacidos después de la mencionada fecha.
No se trata de un problema menor, si se tiene en cuenta que de los 1.842.390 migrantes venezolanos en Colombia, al menos 420.000 son menores de edad, de acuerdo con las más recientes cifras de Migración Colombia. Según el Dane el año pasado nacieron 67.089 niños de madres venezolanos, en promedio cercano a los 8 por hora.
Muchos de ellos llegaron a territorio colombiano por su cuenta, con sus padres aún viviendo en Venezuela. Otros, en cambio, han sufrido de todo tipo de vulneración de sus derechos. De acuerdo con el ICBF a 31 de diciembre de 2021 se contaba con 3.643 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos activos de niñas y niños migrantes venezolanos, menores que han sufrido de vulneraciones como maltrato físico, psicológico, explotación laboral, violencia sexual entre otros.
Y aunque no se sabe de ellos cuántos cumplen las condiciones para ser adoptados, de acuerdo con Fernando Alvarado, abogado especialista en protección de la niñez, estos casos son muy frecuentes: “De ser colombianos estarían en la lista de espera de adopción. Sin embargo, hay varias limitaciones, que pasan por la regulación internacional así como por los vacíos jurídicos que impiden que den inicio a este proceso”.
Como se mencionó anteriormente, el principal problema es no tener un registro civil, una nacionalidad colombiana. De acuerdo con el experto, la ley no tiene facultades para atender estos casos. Pero también, como lo reconoce Lina María Arbeláez, directora del ICBF, no es posible devolverlos a su país por los problemas sociales e institucionales que allí persisten.
“A esto sumemos que ni se pueden dar en adopción en Colombia ni repatriar, porque la política del gobierno ha sido darles apoyo, pero también porque las relaciones entre ambas naciones están rotas”, añade Alvarado en declaraciones al diario El Tiempo.
Además, antes de todo proceso de adopción, el ICBF tiene la obligación de contactar a las familias de los menores para verificar que no haya quién se haga cargo de ellos. Pero sin relaciones bilaterales o con los padres en el territorio nacional siendo los mismos victimarios (como ocurre en muchos casos de adopción, no solo con migrantes), esto no es posible.
Por lo complejo de la situación, una salida a este asunto no parece una tarea fácil. Sin embargo, de momento, existe una tutela que está en proceso en la Corte Constitucional que podría dar solución a este problema, dependiendo de lo que resuelva el alto tribunal. Se trata del expediente T-8.292.286, el cual precisamente presenta el caso de un menor que no pudo ser puesto en adopción por la falta de una nacionalidad colombiana.
La tutela, interpuesta por una defensora de familia del ICBF, se dio luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a darle la nacionalidad colombiana a un menor venezolano que fue abandonado por su madre, y por lo tanto no se puede adoptar.
En el expediente la Cancillería sostiene que “existe un vacío legal para dar en adopción al menor de edad, puesto que no es colombiano. Por ende, ningún defensor de familia o juez puede pronunciarse sobre su adopción”. La entidad además asegura que “el ordenamiento jurídico actual no ofrece las herramientas necesarias para proteger a los niños extranjeros que no tienen una nacionalidad (en este caso colombiana) y, sin embargo, han sido abandonados en Colombia”.
Ante este caso se refirió en su momento la magistrada Gloria Stella Ortiz, quien hizo un llamado a la Corte a pronunciarse sobre el tema, porque “existen escenarios en los que los derechos prevalentes de los niños venezolanos son vulnerados o amenazados y, al parecer, el ordenamiento jurídico colombiano no ofrece las herramientas necesarias para protegerlos”.
Se espera que en los próximos meses se conozca el fallo de la Corte ante esta tutela, que en caso de ser favorable, podría significar un importante paso no solo para permitir la adopción de estos menores, sino, en un sentido más amplio, darle nacionalidad colombiana a estos migrantes que no cumplen la mayoría de edad.
Niñez en riesgo
Lo anterior es solo una de las problemáticas que atraviesa esta población en Colombia, que se encuentra en un delicado estado de vulnerabilidad. Las cifras son claras al mostrar la magnitud del asunto.
Sumados a los procesos de restablecimientos de derechos, en 2021 un total de 108.817 migrantes venezolanos fueron objeto de algún tipo de atención por parte del ICBF. Esto representa un crecimiento del 1.087% con respecto a 2016, cuando se atendieron 9.170.
Además, del total de migrantes atendidos en el 2021, 90.253 fueron niñas y niños de 0 a 5 años. Así mismo, 7.875 niñas, niños y gestantes migrantes venezolanos fueron atendidos por atención y prevención de la desnutrición.
«No se quedan sin atención del ICBF»
Lina María Arbeláez, directora del ICBF se refiere a esta problemática.
-¿Por qué las trabas para la adopción de migrantes?
Es una prioridad para este gobierno proteger y garantizar los derechos de estos niños y niñas. Sin embargo existen limitantes de la ley de migración en Colombia que no permiten su adoptabilidad por contar con una nacionalidad venezolana. Para ser adoptados necesitan un registro civil colombiano. Si nosotros les damos la nacionalidad, el niño tendría dos nacionalidades y si se da en adopción a una familia, si después aparece su madre, no podríamos impedir que recupere la tenencia del menor.
La reglamentación internacional también ha limitado el tema de adopciones para niños migrantes y refugiados, y ha sido muy clara en que no debe pasar en momentos de crisis migratoria.
-¿Esta falta de nacionalidad también limita la atención que puedan recibir?
No se quedan sin atención porque empiezan a recibir los servicios de protección del ICBF que son todos los servicios de primera infancia, infancia, nutrición, familias y adolescencia y juventud, así como los procesos administrativos de restablecimiento de derechos en caso de encontrarse una vulneración a sus derechos o ser víctimas de algún tipo de violencia, tal como ocurre con los niños colombianos.
-¿Se puede decir que hay una especie de limbo legal?
No creo que sea un vacío legal sino una situación que se deriva de lo que sucede en el país vecino, donde muchas familias envían a los niños para tratar de que subsistan. Nuestro objetivo es brindarles toda nuestra capacidad institucional. Por otro lado, no podemos devolverlos a su país porque no tenemos la constancia de que no serán revictimizados por la misma problemática que atraviesa la nación.
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