El Instituto Casla solicitó este miércoles al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango de su gobierno, al considerarlos como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Señaló que la represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual no han cesado en Venezuela.
«Al día de hoy, son mas de 2.500 las personas detenidas, en su mayoría, han sido sometidos a desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, intimidación, amenazas y, en varios casos, detención de familiares y amigos mas cercanos, y en la mayoría de los casos, ha intervenido el Dgcim, el Sebin, la PNB y la GNB», indicó el instituto en un comunicado de prensa.
Considera que eso esto demuestra que el régimen venezolano no está dispuesto a cesar la represión, sino a desatar su «furia» contra la población civil y la dirigencia política venezolana por los resultados contrarios al gobierno en las elecciones presidenciales del 28 de Julio.
«La represión y persecución sistemática generalizada continúa, se agrava, no se detiene. Nicolás Maduro esta dispuesto a continuar con los crímenes por el cual el Estado esta siendo investigado, con tal de mantenerse en el poder, a costa de la vida de los venezolanos».
Instituto Casla pide órdenes de arresto contra funcionarios de inteligencia venezolanos
El Instituto Casla pidió en julio a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra cuatro funcionarios de alto rango de cuerpos de inteligencia y policiales venezolanos.
Los señalados pertenecen a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La solicitud se ampara en el Artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenar arrestos si hay pruebas suficientes de que se ha cometido un crimen bajo su jurisdicción.
La organización argumenta que estas personas han cometido crímenes graves y que su arresto es necesario para impedir que sigan cometiendo crímenes o crímenes conexos.
Afirma que tiene múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que acusan a estos funcionarios de represión y persecución sistemática.
«El Instituto Casla lleva sendos expedientes con múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que han acusado y señalado a estas personas directamente, como parte de la represión y persecución sistemática que el Estado venezolano ejecuta contra la población civil y militar», expresa.
Entre las acusaciones se incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política. Según el instituto, estos crímenes continúan cometiéndose.
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