Venezuela vive una «crisis crónica y de instalación lenta», que tras más de una década de políticas erradas, expropiaciones y corrupción se resume en 2 cifras aterradoras en medio de la emergencia humanitaria: casi 7 millones de sus 30 millones de habitantes pasan hambre en un país que hoy solo es capaz de disponer de un tercio de los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades básicas.
Todo comenzó con la ley de expropiación de tierras promulgada por Hugo Chávez en 2007, que sumada a los cambios en el modo de producción buscaban el control social soñado por el «comandante supremo» para eternizar su revolución bolivariana. El efecto colateral fue otro: se horadó el sistema alimentario de un país en el que 80% de su población reporta ingresos insuficientes para acceder hoy a la canasta básica alimentaria.
A la ecuación revolucionaria se le comenzaron a descuadrar los números desde el primer día. El resultado hoy es una hipérbole de tal tamaño que cuesta creerlo: una familia necesita 65 salarios mínimos mensuales simplemente para alimentarse, indica el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
En total son 2.625.000 bolívares (lo que equivale a 328 dólares) cuando el salario mínimo es de 40.000 bolívares, y solo se cobran 5 dólares mensuales, a la espera de nuevos aumentos gubernamentales y del descuento de la irrefrenable hiperinflación.
«El hambre creció impune durante 10 años, menguando a niños que ya enterramos, que se tuvieron que ir (hay una diáspora de 5 millones de personas) o que dejaron de crecer (según Cáritas, un tercio de los niños sufre retardo en el crecimiento y rezago cognitivo)», acusa Susana Raffalli, una de las principales expertas en nutrición del país.
Expropiaciones de empresas y nacionalizaciones en el campo, con la consiguiente caída de la producción, la disminución de la oferta alimentaria que acabó convirtiéndose en escasez, la dependencia de las importaciones y el proceso inflacionario que todavía aterra a los venezolanos se fueron sumando como factores clave para llegar al hambre de hoy. Todos ellos incluidos en un esquema de corrupción que devoró decenas de miles de millones de dólares y que ha llevado a Estados Unidos a sancionar a tres hijastros de Nicolás Maduro y también a quien creen que es su testaferro (el empresario colombiano Alex Saab), así como al general Carlos Osorio, quien estuvo al frente del Ministerio de Alimentación, y al ex ministro Freddy Bernal, entre otros muchos.
«El componente nacional del sistema alimentario venezolano llegó a cubrir más del 70% de la demanda agregada de alimentos, hasta que comenzó la estatización y la corrupción con las importaciones», profundiza Raffalli para salir al paso de las últimas apreciaciones del presidente de la FAO, José Graziano da Silva, empeñado en disculpar a su organización de la estrecha relación mantenida durante años con el gobierno de Caracas.
«Tenemos un país que debería disponer de 36 kilos de alimentos por mes y persona, distribuidos en 87 rubros, y solo se consiguen 13 kilos concentrados en 6 rubros. Una persona, de acuerdo con la dieta prototipo nacional, debería consumir 75 gramos de proteína por día y hoy consume apenas 18 gramos», constata Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.
Este activista mantiene que la crisis nutricional es un iceberg en el que solo se ven la falta de abastecimiento y la desnutrición, pero que por debajo esconde una falla estructural de todo el aparato productivo: la agroindustria solo suministra 8,1% de su capacidad instalada (170.000 toneladas métricas de 2,1 millones posibles). El derrumbe revolucionario se ha llevado por delante las maquinarias (el déficit de repuestos y de nuevos equipos es de 92%), el sistema de transporte de carga (solo funciona 23%), la capacidad portuaria (4 barcos mensuales), el agro animal (reducción del 63%) y el agro vegetal (caída del 77%).