El congreso antifascismo que el gobierno de Nicolás Maduro prepara para esta semana en Caracas reunirá a más de 1.000 delegados nacionales y extranjeros, quienes harán un diagnóstico de la situación actual de esa doctrina en el mundo, informó el vicecanciller para América Latina, Rander Peña.
«Nosotros estimamos que entre delegados nacionales e internacionales haya más de 1.000 delegados que van a participar en el congreso», dijo Peña, quien señaló que el encuentro «mundial» comienza este martes, pese a que recientemente el Ministerio de Exteriores había anunciado que se celebraría los días 11 y 12 de septiembre.
El funcionario explicó que uno de los objetivos del congreso será diagnosticar «la agresión que está teniendo el fascismo y acciones similares en el mundo» y «no solamente en Venezuela», que considera «el epicentro más visible de la batalla» contra esa doctrina.
Se prevé la elaboración de un «plan de acción articulado entre todos los sectores y actores» enfocado en «neutralizar los efectos» de «la derecha fascista» en el mundo.
Opinó que el fascismo, movido por «su odio», trata de «hacerse de la peor manera del poder político», por lo que -agregó- la lucha en su contra busca «garantizar la supervivencia de la vida humana en el planeta Tierra».
Este congreso fue anunciado el 19 de agosto por Nicolás Maduro, que pidió invitar a personalidades «de todos los continentes», sin mencionar a nadie en particular.
El gobierno prepara esta actividad cuando el país atraviesa una crisis política tras las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado cuestionado por buena parte de la comunidad internacional y rechazado por la oposición mayoritaria, a la que el oficialismo señala como «fascista».
Ese sector antichavista -agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)– denuncia «fraude» e insiste en que el ganador de los comicios fue su abanderado, Edmundo González Urrutia, quien llegó este domingo a España tras abandonar Venezuela, al considerar que sufría persecución política y judicial después de las elecciones.