Varias autoridades del país, ligadas al sistema de justicia, acordaron el jueves una hoja de ruta para corregir el retardo procesal, un problema que, según organizaciones no gubernamentales, afecta a miles de privados de la libertad en el país.
A través de X, el Ministerio de Interior y Justicia informó de una reunión en la que representantes de ese despacho, así como de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y de la cartera de Asuntos Penitenciarios se comprometieron a tomar acciones, sin precisar cuáles, «que permitan avanzar en la garantía de la celeridad procesal».
El fiscal general, Tarek William Saab -citado en la publicación-, resaltó que con estas medidas se busca la consolidación de un sistema de justicia probo y garante de los derechos humanos.
Asimismo, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, señaló que este tipo de encuentros sirven para «dar respuesta al pueblo» para «resolver las dificultades a las que se enfrentan».
Hasta ahora, la autoridades no han difundido detalles de lo conversado, por lo que se desconocen los puntos acordados, las metas planteadas y los plazos establecidos dentro de esta hoja de ruta.
En julio de 2023, Saab anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva.
En esa oportunidad, la Fiscalía, el Ejecutivo y el TSJ se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, para el cierre de 2023 había un total de 17.481 hombres detenidos en estos centros de reclusión preventiva, que cuentan con 9.234 cupos.