gobierno de Maduro Boric

El 28 de julio se celebrarán las elecciones presidenciales en Venezuela, en el segundo semestre del año, tal como se acordó entre el gobierno y la oposición en una mesa de diálogo, informó a comienzos de marzo la autoridad electoral.

A finales del mes pasado, Nicolás Maduro formalizó su candidatura a la reelección, en busca de un tercer período de seis años que lo proyecte a un total de 18 años en el poder. Esto en medio de acusaciones de levantar un cerco para impedir la postulación de la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática-, liderada por María Corina Machado, quien quedó excluida de la carrera a raíz de un veto de la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años.

Pese a que Machado nominó a la filósofa Corina Yoris, tampoco pudieron inscribirla en el sistema online de candidaturas, que figuraba «totalmente cerrado», denunció ella misma. Pese a ello la también académica dio a conocer la semana pasada que aún planea entrar a la carrera presidencial.

El ambiente en Venezuela ha estado marcado por una intensa polarización, con cuestionamientos a las acciones de los partidarios de Maduro y con una oposición que denuncia una «cacería» contra quienes no desean la continuidad del chavismo.

El régimen de Maduro no solo ha dado algunas señales «internas», sino que también ha endurecido su discurso hacia el exterior, como la recién promulgada «Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba» -que busca dar un marco legal a los intentos de Caracas por anexarse territorio bajo litigio de Guyana.

La arremetida electoral también ha traído complicaciones para Chile, como la negación de la existencia del Tren de Aragua -pese al convenio policial firmado con ese país en enero-, o los nuevos antecedentes que se han conocido en torno al crimen del exteniente Ronald Ojeda, luego de que la fiscalía apuntara a que fue orquestado desde Venezuela.

Exembajadores y académicos analizan los «impredecibles» movimientos del gobierno chavista, el contexto detrás de la «actitud» que han mostrado  personeros del régimen y los objetivos de lo que tildan como una «provocación».

Un país «menos debilitado» y una oposición «fragmentada»

Para entender parte de las acciones del régimen venezolano, Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile y magister en estudios internacionales, comenta que Venezuela «está menos debilitado y menos aislado que en la prepandemia e inicios de pandemia, cuando el gobierno de Maduro estuvo más fragilizado en medio de esa coyuntura».

Aranda recuerda que el gobierno venezolano se enfrentó al gobierno interino de Juan Guaidó (2019), y luego, ante la crisis sanitaria, quedó sin insumos médicos y enfrentó una gran inflación, «que yo no puedo decir que esté controlada, pero ha bajado a alrededor del 85%; suena gigante respecto a Chile, pero estuvieron en torno al 300%».

Lo que no ha cambiado hasta ahora es la fragmentación de la oposición, sin acuerdos mínimos. Si bien María Corina Machado era una carta fuerte -que no pudo seguir en carrera por su veto-, el analista recuerda que otros grupos opositores «se han ido acomodando a ciertos diálogos con el ‘madurismo’ como el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales». Este escenario, sin dudas, ha sido aprovechado por el madurismo, pese a las diferencias internas que pueda tener.

Incluso es posible ampliar la vista hacia otros países de la región, donde el discurso «más estridente» se ha convertido en parte de la tónica del último tiempo, no solo por parte de las izquierdas. Un ejemplo de la otra vereda es el «estilo» y el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei. «Nunca en la región se había visto tanta diatriba y pirotecnia verbal», dice Aranda.

La «furia bolivariana»

Nicolás Maduro ordenó en enero activar la «furia bolivariana», lo que se tradujo en una ola de detenciones y persecuciones del régimen. Esto luego de que el mandatario denunciara cinco supuestos intentos de asesinato y un presunto «plan golpista».

Maduro dijo a sus seguidores que «si algún día los fascistas me hicieran daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz de Venezuela, activen la furia bolivariana».

En marzo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a la hasta entonces candidata María Corina Machado con «acciones desestabilizadas» para generar violencia por su inhabilitación, e informó del arresto de dos cercanos colaboradores.

Sobre este punto, Aranda comenta que «está claro que el arresto de cercanos a María Corina Machado, su inhabilitación y la restricción para que se inscriba Corina Yoris son señales de que Maduro busca una competencia en las mejores condiciones y elegir a sus oponentes, gracias a la oposición fragmentada».

La escalada del «impasse» por el caso Ojeda

Las señales del chavismo también han traído coletazos en Chile. En medio de las acusaciones en torno a la persecución a los opositores, el 21 de febrero se registró el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado diez días después en una toma en la comuna de Maipú. El exmilitar estaba en territorio nacional desde diciembre, en calidad de refugiado.

El caso generó todo un revuelo político, luego de que el medio venezolano La Razón apuntara a que la firma del convenio de colaboración en materia policial suscrito en enero por los dos países abrió las puertas de Chile «a los organismos venezolanos, cuestionados internacionalmente tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por el fiscal de la Corte Penal Internacional».

Un mes más tarde, un reportaje del medio colombiano Noticias Caracol (uno de los más reconocidos de ese país), apuntó a que el régimen de Maduro habría ordenado la ejecución del exuniformado como parte de lo que calificó como una «cacería de opositores» llevada a cabo en Colombia y Chile.

De acuerdo con el reportaje, una reunión llevada a cabo por desertores de Venezuela, en la que se discutió un presunto plan para derrocar a Maduro y que fue descubierta por la inteligencia venezolana, «desató una violenta cacería que no ha respetado fronteras y habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y de Chile».

Aquellas tesis tomaron fuerza luego de que el fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) señalara que de acuerdo con el avance en la indagatoria, «nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio de señor Ojeda». A raíz de ello, el fiscal anunció que hizo un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela para colaborar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en ese país para que enfrenten la justicia chilena como autores del crimen.

Sobre este nuevo antecedente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que «esto que ha pasado en este crimen, es importante para Chile, le damos toda la gravedad, pero también es importante para Venezuela, los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos, en primer lugar aprehendiendo a los responsables y en segundo lugar facilitando que enfrenten la justicia».

Aalgunas voces del Socialismo Democrático ya pidieron que Chile rompa relaciones con Venezuela, en caso de que el régimen de Maduro no colabore con el esclarecimiento del caso. A la petición, planteada por el diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás de Rementería (PS), se sumó el jefe de bancada socialista, Daniel Manouchehri, quien dio un paso más allá y exhortó al gobierno a imponer medidas de presión sobre Venezuela.

La «ficción» del Tren de Aragua según el gobierno de Maduro

Pero a inicios de la semana pasada ocurrió otro episodio que incomodó al gobierno del presidente Boric. El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el Tren de Aragua -organización criminal transnacional de origen venezolano- «es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente.

Lo anterior fue ampliamente criticado por la ministra Tohá y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, mientras que el presidente Gabriel Boric lo calificó como un «insulto». El mandatario decidió ir más allá de lo discursivo y decidió llamar a consulta al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri (PS).

Los dichos de Gil abrieron flancos internos en Chile, puesto que el cuestionado convenio de colaboración policial que firmó en enero con Venezuela el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue duramente cuestionado en su momento por la oposición, ofensiva que se reactivó en estos días.

A juicio del ex embajador Samuel Fernández, académico de la Universidad Central, los dichos del embajador venezolano sobre el Tren de Aragua deja entrever que «el acuerdo no se estaría cumpliendo».

Para Aranda, negar la existencia del Tren de Aragua constituye una doble maniobra de Caracas. «Por una parte, de consumo interno, respecto a decirle a su flanco que no son un Estado implicado con organizaciones criminales internacionales, y al mismo tiempo molestar o provocar a un país (Chile) que tiene investigaciones en torno a Los Gallegos, célula del Tren de Aragua», precisó.

En la misma línea, Fernández comenta que frente a este escenario de elecciones «anticipadas y arregladas, donde no hay competidores, por supuesto que están buscando distracción para los electores; creando una artificial, como una amenaza a Guyana, o con la negación del Tren de Aragua, que se lee como una declaración de que ‘aquí estamos perfecto, no hay nada, todo es un invento y suposiciones del exterior'».

«Todo esto para que se evite la discusión de fondo: si existe o no una elección presidencial que respete las normas democráticas», zanjó.


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