Las instituciones venezolanas acordaron este viernes acelerar los procesos judiciales de los privados de libertad, cuyas causas, según organizaciones no gubernamentales, presentan retrasos durante meses y años, mientras que miles de reos sufren por el hacinamiento en los centros de reclusión.
En una nota de prensa, el gobierno informó de una reunión entre el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, con otras autoridades para revisar «los avances sobre los procesos relacionados a los privados de libertad».
Se trató, según el texto, de un encuentro de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, instancia establecida en junio de 2021 con el propósito de «optimizar los procesos en materia procesal».
«Estas acciones forman parte de las políticas del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos y la tutela judicial efectiva», indicó la nota, que no ofrece detalles sobre lo conversado o pactado.
Hacinamiento
La ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, indicó a través de X (antes Twitter) que las autoridades acordaron «actividades a desarrollar en lo inmediato con la finalidad de seguir garantizando la celeridad procesal y los derechos constitucionales de la población privada de libertad».
La reunión se produce días después de que el Ejecutivo interviniera siete penales en el país, a través de amplios despliegues militares y policiales con los que según la versión oficial «se acabaron» las mafias que operaban desde estos lugares.
La llamada «revolución judicial», ordenada por Nicolás Maduro persigue -entre otras tareas- la erradicación del hacinamiento en los centros de detención y garantizar el rápido paso de los reclusos a las cárceles, así como acelerar los juicios.
En las cárceles de Venezuela se registró un hacinamiento del 64,19% durante 2022, con una población reclusa de 33.558 privados de libertad sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), difundidos en marzo.
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