La disputa entre Venezuela y Guyana por los casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo ha unido al chavismo y a la oposición en un solo reclamo, en el que defienden los derechos que -aseguran- tiene su país sobre este territorio, una sincronía excepcional para ambos bandos, siempre confrontados.
«El Esequibo es de Venezuela» es la frase que se escucha en el chavismo más radical hasta la oposición más extrema, que rechazan el laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio a Guyana (entonces bajo el dominio del Reino Unido) y defienden el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa.
El abogado y analista político Giulio Cellini Ramos dijo a Efe que, en medio de la confrontación hay «algunos temas que unifican las posiciones» y «ese es el caso del Esequibo», una reclamación «defendida por todos» en «un solo sentimiento» y «una sola aspiración».
Así, Venezuela, polarizada cuando no juega su selección de fútbol, se prepara para enfrentar esta controversia, que escaló luego de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declararse competente para resolverla, y de una ronda de licitación de bloques petrolíferos cerrada en septiembre por Guyana en un área que según Caracas no ha sido delimitada.
La defensa del territorio
El sector mayoritario de la oposición, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), defiende que la «zona en reclamación sobre el Esequibo es de Venezuela» desde su «fundación como país, y que el laudo arbitral de 1899 es nulo», dijo a Efe el secretario ejecutivo del bloque antichavista, Omar Barboza.
Señaló que el acuerdo de 1966 es la «vía pacífica a través de la cual se debe resolver» el conflicto con Guyana sobre «esa parte del territorio nacional», argumentos que también da el oficialismo.
Cellini Ramos afirmó que si bien ha sido «muy difícil» que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición lleguen a un acuerdo en «la mayoría de los temas» en las mesas de diálogo, una de las excepciones ha sido el Esequibo.
En octubre ambas partes pactaron defender conjuntamente el territorio y rechazaron las acciones «unilaterales» de Guyana «en contravención del derecho internacional, relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar entre los dos Estados».
El jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, y el opositor, Gerardo Blyde, rechazaron recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien manifestó su preocupación por «el lenguaje usado en estos días por Venezuela» para un referendo que se celebrará el 3 de diciembre sobre este asunto.
La consulta, que no será vinculante, cuenta con el respaldo de más de 560.000 organizaciones, entre las que se encuentran formaciones políticas, gremios, sindicatos y de la sociedad civil, aunque algunos dudan de su utilidad.
Diferencias en la estrategia
Cellini Ramos, quien ve «interesante» el referendo desde el «punto de vista estratégico» porque «refrenda popularmente esa reclamación», ve como un «grave error» que ambas partes no logren «ponerse de acuerdo en torno a una misma estrategia».
Considera que el gobierno «tiene que entender que no puede politizar» la consulta y debe «incluir a todos», mientras que la oposición, a su juicio, debe dejar «al libre albedrío» de la población la posibilidad de votar.
La PUD, para la que este asunto debe estar alejado de «cualquier intención de provecho político partidista», sugirió este lunes que cada ciudadano, «haciendo uso de su libre albedrío, analice y decida libremente sobre las preguntas que plantea este referendo».
El opositor Andrés Caleca dijo que participará en el referendo pero que, contrario al llamado del chavismo a responder «cinco veces sí», contestará «no» a tres de las cinco interrogantes, entre ellas la última, que plantea la creación de un estado para anexionarse el Esequibo, lo que considera «una propuesta demagógica».
La candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, aunque coincide con el chavismo en que el área disputada «pertenece» a Venezuela, dijo durante una reciente entrevista con Efe que difiere del mecanismo planteado por el Ejecutivo, especialmente del referendo, pues «soberanía se ejerce, no se consulta».
Cellini Ramos cree que el caso del Esequibo requiere una «visión mucho más técnica» que política, que «tanto daño le ha hecho» al país.