El 22 de octubre, la oposición de Venezuela se arriesgó -contra todo pronóstico- a celebrar una elección interna y autogestionada que dio como resultado un contundente triunfo de María Corina Machado.
Con 2,2 millones de votos que suman 92% de los escrutinios, la exdiputada cuenta con la legitimidad de origen necesaria para enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
Sin embargo, el problema es su propia fuerza electoral, puesto que avizorando la simpatía que Machado comenzó a despertar en la gente, el chavismo la inhabilitó nuevamente por 15 años para ejercer cargos públicos, lo que se traduce legalmente en la imposibilidad de inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral.
Y es que ni la oposición ni el chavismo tenían en sus cuentas que 2.307.635 venezolanos participarían en el proceso.
“Es un fraude”, insistía esta semana Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del chavismo en los diálogos con la oposición, que insiste en que el máximo de personas que podía votar era de 800.000, por lo que, según él, “se inflaron las cifras”.
Lo cierto es que, sumida en una profunda crisis económica y una diáspora de 8 millones de personas, el resultado de estas primarias venezolanas demostró que el chavismo está ante su más grande desafío, no solo frente a los ciudadanos, sino ante Estados Unidos.
“¿A que le teme más el gobierno, a María Corina Machado o a las sanciones de Estados Unidos?”, se pregunta Igor Cuoto, especialista en negociaciones y resolución de conflictos, quien le explica a El Tiempo que “si bien es cierto el gobierno lo que ha perseguido en las negociaciones como prioridad es el levantamiento de las sanciones, los resultados de las primarias lo pone en la diatriba de aceptar nuevamente las sanciones -levantadas solo por seis meses- o ir en unas elecciones contra Machado”.
Jorge Rodríguez y el mismo Maduro han sido enfáticos al decir que la eliminación de las inhabilitaciones no era una condición para firmar el acuerdo de Barbados del 17 de octubre donde se comprometieron con la oposición, pero en específico con EE UU a dar garantías electorales para las presidenciales de 2024.
Justo unos días después, Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, afirmó que si para finales de noviembre no se eliminan las inhabilitaciones, su país revisaría el alivio de sanciones entregado a través de cuatro licencias a Petróleos de Venezuela.
Rodríguez lo llamó metiche y afirmó que eso no era parte del acuerdo. Eso sumado a que insistió en que las primarias fueron una elección insignificante. No obstante, al conocer el respaldo electoral a Machado, el discurso chavista fue modificado.
Ahora la narrativa es que la oposición no cumplió con los acuerdos al cometer fraude y que el “mismo Centro Carter debería auditar el proceso”.
“El gobierno, en su desesperación por salirse de las sanciones, cayó en una trampa y jaula del Departamento de Estado. No entendió que hacer las primarias era un golpe psicológico y político muy duro para ellos”, comenta el politólogo Daniel Arias.
El analista cree que solamente Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, se había dado cuenta del peligro que se le venía encima, pues fue uno de los pocos que insistió desde el principio en que las primarias no debían realizarse. “Eso debe haber originado una crisis política dentro del sector oficialista”, dice Arias.
Desde su perspectiva, Machado ha puesto al chavismo contra la pared, pues entran en el dilema de eliminarle la inhabilitación y arriesgarse a perder las presidenciales o dejarle la medida y que EE UU no levante sanciones y cortar de nuevo el flujo de dinero a Venezuela, lo que originaría una mayor profundización de la crisis económica agudizada por las sanciones.
“Esto es un enorme triunfo para el Departamento de Estado y para la oposición, que convirtió las primarias en el evento político de 2023”, añade el politólogo.
La posición y narrativa del fraude también fue expuesta al cuerpo diplomático acreditado en el país. El mismo Rodríguez convocó a los embajadores y les pidió “no inmiscuirse en los asuntos de Venezuela” e hizo referencia al apoyo que estos brindaron en 2019 a Juan Guaidó.
Al parecer, las amenazas del chavismo siguen sin importarle a Machado. “El problema de la inhabilitación lo resolvieron 2,5 millones de venezolanos el domingo pasado”, dijo la opositora al ser investida como ganadora por la Comisión Nacional de Primaria la semana pasada. Machado será investigada por la Fiscalía por irregularidades en el proceso.
Más allá de eso, Machado también confía en sus propuestas: la creación de una alianza nacional con todos los sectores opositores del país, la construcción de un robusto aparato electoral para 2024 y enfocar la campaña en la gente y en el apoyo internacional.
Sobre este último punto, Mariano de Alba, asesor senior de Crisis Group, cree que para los países que acompañaron la firma del acuerdo en Barbados es crucial desplegar un esfuerzo diplomático que no solo exija, sino que haga más probable la implementación de las garantías electorales acordadas por el gobierno de Maduro.
“Para garantizar la aplicación del acuerdo no solo habrá que apelar a la diplomacia pública, sino también hacer esfuerzos discretos que busquen resolver los eventuales estancamientos en la implementación del acuerdo electoral”, dice De Alba, quien cree que la participación activa de los países ocurre porque se dieron cuenta de que la política de sanciones no funcionó y que más bien resultó en una migración que ahora les afecta directamente.
Hay quienes apuestan por que si Machado sigue inhabilitada, EE UU revocará las licencias a Pdvsa, pero para Luis Vicente León, director de Datanalisis, esta probabilidad es muy baja.
Desde su visión, la clave está en las declaraciones de Juan González, asesor de la Casa Blanca para asuntos del Hemisferio.
Cuando el funcionario fue consultado sobre por qué flexibilizaron las sanciones sabiendo que no habría elecciones competitivas en Venezuela, este aseguró que estas fueron heredadas de Donald Trump y no sirvieron de nada.
Eso además de los cambios geopolíticos actuales y que afectan los intereses de Estados Unidos.
“Creo que los acuerdos se firmaron sabiendo que el gobierno venezolano nunca prometió habilitar a Machado. Y, aun así, la decisión de EE UU y la oposición fue avanzar, aunque no abandonen el intento de resolverlo en el futuro”, insiste León.
De continuar Machado inhabilitada, otro escenario que prevé León es que haya una estrategia de presión distinta por parte de la administración Biden, la cual pudiera incluir sanciones a funcionarios y restricciones a las licencias petroleras, pero no la eliminación.
Para Maduro, el hartazgo por las sanciones es inevitable. “Han querido convertir las sanciones en una extorsión, en un chantaje contra el país, y ustedes saben que nosotros no somos extorsionables, no somos chantajeables, no tenemos esa debilidad, no le tememos a nadie en este mundo”, dijo durante una conferencia de paz.
Lo mismo ha dicho Jorge Rodríguez, quien al ser consultado por El Tiempo sobre qué pasaría si llegado noviembre Machado sigue inhabilitado, insistió en que no se dejarían chantajear por nadie, haciendo referencia a EE UU.
En la calle, la gente ha vuelto a hablar de política, algo que hace bastante tiempo no sucedía. Años atrás, el nombre de María Corina Machado se usaba para señalar a la oposición más radical, hoy su discurso ha calado incluso en los sectores populares donde muchos la ven como ‘la esperanza para salir de este gobierno”, como dijo Carlos Briceño, un ciudadano que votó en las primarias.
Briceño, al igual que muchos venezolanos de zonas populares, acudió al evento con cautela para evitar ser señalado y perseguido por el chavismo, que considera estos actos como traición.
“Como mi centro de votación no estaba cerca de mi casa, fui a votar. Así evito problemas con los vecinos chavistas”, indicó.
La polarización política puede resurgir teniendo en cuenta que Machado es el ala más radical y liberal de la oposición, que en su momento le apostó a la intervención militar para derrocar a Maduro.