Al menos 288 agresiones a defensores de derechos humanos han sido documentadas en Venezuela en lo que va de año, según informó este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), que responsabiliza al Estado por estos ataques.
La abogada Mariana Romero, miembro de la organización no gubernamental, explicó, además, que entre 2017 y 2022 se registraron 2.050 agresiones, entre las que figuran las amenazas e intimidaciones, el hostigamiento, la promoción de leyes restrictivas y los ataques digitales contra activistas y agrupaciones sociales.
«Y, solo en lo que va de este año, nos preocupa el aumento significativo de estas agresiones, con 288 agresiones (contra) la defensa, promoción y exigencia de derechos», sostuvo Romero durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).
La jurista cree que el Estado no tiene una intención real de cumplir con las 328 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a Venezuela en el examen periódico universal del año pasado, varias de ellas relacionadas con la necesidad de proteger el espacio cívico y a quienes defienden los derechos humanos.
Por el contrario, aseguró, el gobierno profundiza el cierre del espacio democrático.
«A pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela y ha exigido un entorno seguro (para el trabajo social), la respuesta del Estado sigue siendo continuar con la criminalización, la represión y el control social», subrayó.
La ONG ha pedido al Estado generar «mecanismos efectivos» para el «pleno y libre» ejercicio de acciones de defensa y acción humanitaria.