El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó este jueves su informe sobre las formas de esclavitud contemporáneas en el estado Bolívar. Señaló que la explotación y extracción minera se convirtió en la principal actividad y, lejos de generar riquezas y bonanzas, ha generado un empobrecimiento de las condiciones en las que viven sus habitantes.
La existencia de diversas formas de esclavitud moderna en Bolívar se concretan con mayor frecuencia a través de la explotación laboral y sexual, así como la servidumbre y la trata de personas, señalaron los investigadores.
El informe expuso que las personas que trabajan en el Arco Minero del Orinoco están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, dice un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Según este reporte, las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad, o saneamiento. Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería, son caldo de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas”, dijo.
Venezuela reportó recientemente una epidemia de malaria asociada a la minería. La epidemia en Venezuela reporta 53% de los casos en América Latina. Mineros e indígenas se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio.
500.000 trabajadores en la minería ilegal
De acuerdo con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la minería ilegal afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas debido a la destrucción en su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.
“Actualmente 500.000 trabajadores están involucrados en operaciones mineras ilegales, realizando esta explotación minera sin ningún tipo de protección o prevención. Estos mineros, en su mayoría, son venezolanos empobrecidos que han sido gravemente afectados por la crisis humanitaria y se estima que 45% es menor de edad”, expuso el centro.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes acerca de niños de tan solo 9 años de edad que trabajan en las minas. La contaminación no es solo del ambiente, sino que afecta de forma determinante la vida de los mineros y personas que se encuentran en las minas”, agregó.
En el informe se destacó que la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y que tiene un efecto en la población en todas las dimensiones de su vida y lleva a hombres y mujeres a buscar en estos espacios de peligro y devastación una posibilidad de supervivencia e ingresos para sostener a sus familias, encontrándose con situaciones que afectan gravemente su dignidad e integridad.
Explotación laboral
Una de estas dimensiones, puntualizó el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, es la vinculada a prácticas de esclavitud.
Expuso que testimonios de trabajadores en las minas, frente a esta situación de hostilidad y afectaciones a su seguridad, evidencian la explotación laboral con horarios de trabajo sin límites, en condiciones infrahumanas y de grave riesgo, con situaciones en las que tienen jornadas sin descanso alguno.
“El salario promedio en el sector privado en Bolívar corresponde a 30 dólares, y en el sector informal se maneja una base de 10 millones de bolívares semanales, que mensualmente equivale a alrededor de 14 dólares. Por su parte, los trabajadores en las minas manifiestan ganar entre 100 dólares y 120 dólares al mes”, indicó.
“Los grupos armados controlan entre 30% y 50% del territorio, por lo que la región minera está envuelta en conflictos violentos, masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y persecuciones a indígenas por parte de mineros criollos, casos de mutilaciones y violencia criminal generalizada”, añadió.
La UCAB expuso que en las minas existen bandas armadas que se fortalecen económicamente con la explotación del oro y el control de la zona. Las bandas armadas, planteó, son las dueñas de las minas y con el ejercicio de violencia mantienen el control.
“Ausencia y silencio del Estado”
Denunció que esas prácticas ocurren con anuencia y silencio del Estado, y se ha normalizado por años la existencia de estos grupos armados y organizaciones criminales para controlar el territorio y la explotación en las minas.
Mafias, bandas armadas y sindicatos son los que toman el control ante la ausencia y silencio del Estado en un contexto de completa impunidad ante la perpetración de crímenes.
En este contexto, las mujeres, niñas y adolescentes son usadas como mercancía, y se realizan transacciones con oro para su explotación con fines laborales y sexuales.
“Parte de la mayor problemática es la falta de una institucionalidad eficiente que proteja y garantice a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y donde existan programas y políticas de prevención y asistencia a las mujeres”, indicó.
Violencia extrema contra las mujeres
El informe del Centro de DD HH de la Universidad Católica Andrés Bello registró casos de violencia extrema contra las mujeres configurada en los feminicidios: durante 2019 se documentaron 31 femicidios en el estado Bolívar.
El Observatorio Guayanés de Violencia de Género precisó que en 32% de los casos las víctimas pertenecen a grupos considerados vulnerables como niñas, adolescentes y adultas mayores. De acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, 2020 cerró con 19 femicidios en la entidad federal.
En su informe correspondiente al último semestre de 2020, se resalta una crisis de violencia por razones de género en el estado, que se agrava por la minería ilegal y la emergencia humanitaria compleja. Esta situación, resaltó, afecta a las mujeres en condición de pobreza que se hacen cargo solas del hogar y a las que se mantienen en dinámicas de movilidad hacia zonas mineras y en riesgos de explotación sexual y laboral.
Expuso que desde 2016 comenzó a hablarse de forma más visible sobre las mujeres que viajaban a las zonas mineras con fines de prostitución porque en sus ciudades de origen no conseguían sustento para mantenerse o mantener a sus familias. Dijo que esta es una práctica recurrente en las zonas de explotación minera, donde se incrementan los casos de violencia sexual y física, en especial las redes de trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada.
Trata y explotación sexual: una opción considerable
Los investigadores puntualizaron asimismo que la minería es una actividad masculinizada y, en este contexto, se producen formas de violencia y explotación dramáticas como prostitución, trata de mujeres para las minas, trabajo semiesclavo, migración forzada, femicidios, violencia en aumento, embarazo adolescente, entre otras.
“En su mayoría, las mujeres en el contexto minero suelen estar limitadas a roles de ‘gestión social’ como cocineras, en trabajos domésticos, como parejas de los mineros o son prostituidas. La demanda de este último trabajo fomenta actividades como la trata y la explotación sexual, en un contexto de precarización de condiciones en donde dicha actividad se ve como una opción considerable para afrontar la crisis”, indicó.
La esclavitud moderna se presenta en gran medida en contextos de fragilidad del Estado, conflictos y crisis. Esto apunta a la necesidad de abordar el riesgo de esclavitud moderna como parte de las acciones humanitarias en tales situaciones. Por la discriminación y la desigualdad de género, las mujeres se encuentran mayormente expuestas a carencias de derechos y condiciones de vida y son ellas quienes están en superior riesgo de ser vulnerables ante estas prácticas.