La madrugada del 13 de marzo de 2019 la policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio de Macarao, al oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún al día de hoy, no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho. Este relato forma parte de las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país a manos de los cuerpos policiales.
Es la versión que repite desde ese día su madre, Miriam Gamarra, con base en el relato de testigos y de la viuda de Luis Alfredo, que ese día dormía a su lado cuando los funcionarios de la FAES irrumpieron en la casa aquella madrugada.
«Yo sé que aquí nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero una de las cosas de las que yo me agarro es que mi hijo no era ningún delincuente», dijo a EFE Gamarra.
La mujer de 40 años de edad relató que ese día iba camino a su trabajo cuando recibió una llamada que le informó del asesinato de su hijo.
No vio más a su hijo, solo un arma que insiste no era de él, junto a una gorra negra y un charco de sangre en el lugar en que lo asesinaron.
Muertos por «resistir a la autoridad»
El Observatorio Venezolano de Violencia indicó en un informe publicado en febrero que durante 2019 murieron 2.113 menores de 30 años de edad por resistirse a la autoridad. Casi 6 cada día.
En otro informe más reciente, la ONG detalló que durante 2019 por cada 1.000 muertes violentas causadas por los delincuentes, la policía produjo otras 802.
El director de la OVV, Roberto Briceño León, dijo a EFE que esta cifra es muy alta y permite asegurar que la policía venezolana es una de las que más muertes causa en el mundo, si se atienden a las proporciones entre población y fallecimientos en enfrentamientos.
«La policía venezolana mata 40 veces más que la policía estadounidense, y si lo tomas en comparación con otro país como Brasil, la policía venezolana mata 7 veces más que la policía brasileña», dijo Briceño León a EFE.
Los datos de la OVV también indicaron que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento que un policía.
El especialista señaló que muchos de los casos se producen tras un allanamiento de morada sin orden judicial previa, se produce la captura del acusado y posteriormente la policía reporta que falleció en un enfrentamiento, pese a que la víctima ya estaba bajo custodia de las autoridades y sin arma.
Foto EFE
Muchas muertes, un patrón
Este es el patrón que llevó al deceso de Luis Alfredo Ariza, de acuerdo con los reportes de sus familiares y defensores.
«Hubo un enfrentamiento, el informe policial dice que él estaba caminando por ahí y estaban pasando los funcionarios, le dieron la voz de alto y que él se enfrentó a ellos, cuando a él lo sacaron de la casa», dijo a EFE su madre.
En un caso similar, perdió la vida Jessé Gabriel Pérez, el 11 de julio de 2018 cerca de Santa Lucía en el estado de Miranda.
«Irrumpió la FAES como a las 5:30 am aproximadamente, llegaron golpeando, amenazando, robando, se llevaron varias personas presas y posteriormente mataron a mi hermano. Lo ajusticiaron ahí mismo, donde vivimos», dijo a EFE Ruth Pérez.
El suceso aún causa dolor a esta ama de casa de 36 años de edad, madre de dos mujeres jóvenes.
«La FAES volvió a irrumpir 8 meses después de la muerte de Jesse, golpearon a mis hijas, a mi hija mayor la desnudaron, mataron a dos vecinos más. Un funcionario me dijo que si le daba la gana me mataba, sacó su arma de reglamento y me la puso en la cara», recordó.
En el expediente reposa que Jessé Gabriel Pérez se resistió a la autoridad, advirtió su hermana Ruth. Destacó que a su hermano, antes de morir, jamás se le acusó de nada.
Foto EFE
La FAES, un cuerpo cuestionado
En julio de 2019 la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver la FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.
Y en septiembre de ese mismo año, Bachelet afirmó en su actualización del informe que su oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la FAES en algunas zonas del país.
Tras estas declaraciones, la oposición venezolana y familiares de las víctimas denunciaron la represiva política policial del régimen de Nicolás Maduro.
Pero Maduro no solo esquivó las críticas, sino que salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como una necesidad para la paz de Venezuela.
«Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones», expresó Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019.
Foto EFE
«El apoyo de Maduro es inasumible»
«Este apoyo de Maduro a la FAES es inasumible», dijo a Efe la cofundadora de la ONG Cofavic, que defiende los derechos humanos, Liliana Ortega.
«Es harto conocido por las cifras oficiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cifras de las ONG en Venezuela, que hay un grave problema de ejecuciones en los procesos que desarrolla la FAES», agregó.
Desde 2012 hasta marzo de este año, Cofavic identificó 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
«71% de estos casos ocurren bajo operativos de seguridad especiales, más de 90% en zonas vulnerables», dijo Ortega.
Apuntó que debe realizarse reestructuración a fondo en la policía venezolana y debe finalizar la impunidad a través de la Justicia.
«99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio, ese mensaje tan nocivo para los presuntos criminales y para quienes se desvían de sus funciones policiales es un contexto apropiado para multiplicar la violencia», señaló.