Hace 24 horas se cumplió otra audiencia en Miami como parte del caso que se lleva contra Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, quien completa más de cinco meses preso en una cárcel de la Florida.
Aunque se trató de una sesión cerrada y privada, por orden de un juez, EL TIEMPO pudo establecer que, de nuevo, se ventiló el supuesto estatus de diplomático del barranquillero, lo que anularía desde su captura, el 12 de junio de 2020, hasta su extradición desde Cabo Verde.
Una corte de apelaciones, del circuito 11 de Atlanta, definirá el 16 de abril si Saab es un miembro del cuerpo diplomático del gobierno de Maduro o un exsoplón de la DEA que estaba huyendo de la justicia de Estados Unidos.
Mientras esto se define, el fiscal que pide que lo condene por una megaoperación de lavado de activos -superior a los 350 millones de dólares-, calificó de artimaña de Maduro los intentos por acreditarlo como embajador plenipotenciario en África.
El más reciente movimiento en este sentido fue una carta del ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, al líder supremo de Irán. En esta pide su respaldo para que Saab sea reconocido como enviado especial a ese país.
¿Usarán a la ONU?
La defensa de Alex Saab exhibió cartas de Maduro al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y una nota diplomática de la Embajada de Irán en Caracas, que respaldan la solicitud de libertad del barranquillero.
Sin embargo, Jeremy Sanders, abogado del Departamento de Justicia, calificó las pruebas presentadas por la defensa como artimañas del gobierno de Maduro.
“Esta es una artimaña creada por una nación rebelde para evadir el enjuiciamiento penal”, aseguró durante la audiencia.
De inmediato, la defensa de Saab ripostó y calificó de “bulo” y de un “precedente peligroso” para otros diplomáticos de otros países que no se respete el fuero. “Aquí está en juego más que el destino de un hombre”, opinó David Rivkin.
EL TIEMPO estableció que el siguiente movimiento de la defensa será señalar que la ONU reconoció al representante de Venezuela -Samuel Moncada- en su asamblea general, el 6 diciembre.
Por su parte, el juez del caso, Robert Scola, reveló una orden procesal que emitió hace un año, en la que se confirma que Saab se reunió con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones en Bogotá en 2016, tal como lo reveló este diario desde hace dos años.
Saab empezó a ser interrogado y las preguntas incluían desde la conducta de un puñado de familiares suyos, que están en el Líbano (Oriente Próximo), hasta posibles nexos con Hezbolá, el grupo proiraní al que Estados Unidos cataloga como terrorista.
El señalado testaferro, llevaba su propia bitácora de colaboración y empezó por entregar información relacionada con algunas de sus empresas con las que contrató con el gobierno venezolano para construir viviendas de interés social. Además, explicó cómo fluyó el dinero después de que recibió los fondos, creando hasta cooperativas en Colombia para mimetizarlo.
Con cada dato que suministraba, el barranquillero se autoincriminaba. También le preguntaron por Diosdado Cabello, la hoy senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissam,i y la lista la coronó el propio Nicolás Maduro.
La controversia en tribunales se conoce de manera paralela con los acercamientos entre emisarios del gobierno Biden con el gobierno de Maduro, que buscan explorar una posible venta de petróleo venezolano anta la crisis desatada por la sangrienta invasión de Rusia a Ucrania.
Pero la posición de la Fiscalía deja en claro que una es la vía de la diplomacia y otra la judicial.
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