Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las principales casas de estudios públicas del país, exigieron este miércoles el reinicio de clases, mientras se realizaba una sesión del Consejo Universitario.
Desde hace meses parte del estudiantado ha reclamado una decisión sobre la incertidumbre en la que, señalan, se encuentra la comunidad estudiantil, pues desde marzo del año pasado, cuando se anunció el confinamiento por la pandemia de covid-19, se suspendieron las actividades y hasta ahora no han obtenido respuestas sobre la reactivación.
El movimiento “Viva la U” constantemente ha denunciado la paralización de la UCV, incluso lleva una cuenta de los días sin clases que, hasta hoy, según indican, son 352. También ha alertado sobre el descuido de la Ciudad Universitaria, la sede principal en Caracas.
Semanas antes estudiantes en diferentes facultades han manifestado para exigiendo el reinicio de actividades o alguna decisión sobre el futuro de las clases.
Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, indicó en su cuenta de Twitter la semana pasada que “quienes presionan por reinicio de actividades sin condiciones, son tan irresponsables como el régimen”.
En los últimos años los profesores universitarios han denunciado retrasos en el pago de salarios, así como la disminución de su valor debido a la hiperinflación en el país.
En un comunicado reciente la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela indicó que “las asociaciones de profesores defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones”.
“Los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)”, dice el texto.
“Ratificamos que el derecho al estudio es una responsabilidad del Estado venezolano, el cual debe garantizar las condiciones indispensables a las instituciones, los estudiantes, los profesores y demás trabajadores, para una educación de calidad”, agrega.