Es fácil imaginarse el estado de ánimo, entre el aturdimiento, la desolación y la indignación, de la redacción del periódico El Nacional de Caracas: el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela acaba de imponerle al diario una exorbitante e indescifrable sanción de 13,3 millones de dólares por el supuesto “daño moral” que habría significado divulgar la noticia –por demás publicada por 80 diarios más en todo el mundo en el año 2015– de que el poderoso político chavista Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por la Fiscalía de Nueva York. Era una noticia importante: Cabello era en ese entonces el presidente de la Asamblea Nacional. Pero a El Nacional, un medio independiente, se le ha convertido en una pesadilla digna de las más extravagantes dictaduras.
Por supuesto, para el periódico venezolano, que ha estado denunciando que no fue escuchado en ninguna de las instancias judiciales, puede ser el final de siete décadas de labores ininterrumpidas: “Nosotros no tenemos cómo pagar ese monto, entonces van a expropiar el periódico”, declaró su director actual, Miguel Henrique Otero, en una entrevista concedida a El Comercio de Perú. “El futuro de esto es que Cabello sea el director de El Nacional”. Estamos, pues, ante un ignominioso caso de censura que de paso revela la arbitrariedad del Tribunal y la entrega total del Poder Judicial al Poder Ejecutivo del régimen venezolano.
La persecución política a El Nacional, por cuanto significa para la libertad de expresión, será tema obligado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se llevará a cabo desde este lunes y hasta el próximo viernes: se hablará allí del futuro de los medios de comunicación, de la situación de la información en medio de los embates de la pandemia, de los nuevos hábitos de las audiencias que cada día se acostumbran más a los nuevos dispositivos y del reto enorme de conseguir contenidos auténticos en el océano de las noticias falsas, pero pesará especialmente –porque probará que los ataques a la democracia no son cosa del pasado– el intento de estocada final a aquella publicación valerosa que durante años ha soportado largos hostigamientos de los déspotas.
Hace dos años, el 14 de diciembre de 2018 para ser precisos, El Nacional se despedía estremecido de su versión en papel: “Es un momento de duelo para mí, para mi familia y para la democracia –declaró Otero en ese entonces–, fueron restringiendo los suministros de papel con un monopolio del Estado solo para los medios afines”. El periódico, con admirable coraje, siguió adelante en su versión digital, capoteando los ataques contra la libertad de expresión que han sido la marca de estilo de la presidencia de Maduro, pero esta indemnización que exige el Tribunal para Cabello ha completado el golpe contra su independencia.
Se siente en las salas de redacción de todos los periódicos libres de la región la desazón ante semejante condena sin pruebas ni intención de hacer justicia: El Nacional debe seguir y hará todo por hacerlo, y para ello contará con el concurso de sus fieles lectores y la solidaria de los medios regionales.
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