Para este jueves 21 de noviembre se esperaba la audiencia de juicio de ocho ex funcionarios de la PNB acusados de violación y tratos crueles en contra de un estudiante. El hecho ocurrió durante las protestas antigobierno del año 2017.
Esta vez, la audiencia fue diferida por la ausencia de los representantes del Ministerio Público y por problemas en el traslado de los acusados. Es la séptima vez en cuatro meses que se retrasa la auditoría por circunstancias similares. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia representa el caso.
La causa que conoce el Juzgado Tercero de Juicio, a cargo de la jueza suplente Deisy Hernández, tiene un historial de dilaciones procesales. En el año 2018, la audiencia preliminar se difirió seis veces ante los juzgados de control; fue en diciembre de ese año cuando pudieron hacerla.
La Codhez destaca que el retardo del sistema procesal venezolano es una de las más grandes trabas que tienen las víctimas para ejercer justicia. Además, este inconveniente apoya la multivictimización, ya que no se pueden reparar los daños ni aplicar las sanciones.
La organización añadió que el caso posee propiedades de convicción que demuestran la penetración de las torturas en el país. Asimismo, el juicio a los ex funcionarios será por los delitos de violación y torturas, así como actos inhumanos. El juicio, con estas características, reduce las posibilidades para que obtenga justicia plena.
Venezuela vive desde hace años con un incremento en las denuncias de este tipo de casos, los cuales han sido documentados por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el régimen impuesto en el país no responde ante las acusaciones ni los castigos.
La Codhez instó a los tribunales venezolanos a actuar diligentemente para investigar y sancionar a los responsables de las torturas en el estado Zulia y el resto de la nación.
Con información de nota de prensa