Pastores en Monagas / Cicpc
Pastores en Monagas / Cicpc

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en la ciudad de Guatire, estado Miranda, a los responsables de la muerte de una joven que sufrió mala praxis médica durante un aborto clandestino.

Rosmary Rusbely Palma Rodríguez, de 20 años de edad, falleció el 30 de enero en el Hospital Doctor Victorino Santaella, en Los Teques, tras haber ingresado el 24 de ese mes con una fuerte infección y sangrado. Así lo informó en Instagram el director del Cicpc, Douglas Rico.

Entre los detenidos se encuentran los padres de la víctima, Mariyuli Rodríguez Sánchez, de 44 años de edad, y Rubén Jesús Palma Ibarra, de 53 años, quienes llevaron a la joven a practicarse el aborto de forma clandestina en el sector Las Casitas, parroquia Guatire, municipio Zamora.

También fue arrestada la responsable de realizar el aborto clandestino, procedimiento que al parecer practicó de forma incompleta y ocasionó sangrados intensos en la víctima. La mujer fue identificada como Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren, de 43 años de edad, quien se desempeñaba como médico integral, fisioterapeuta y ginecoobstetra.

De acuerdo con la investigación de la comisión de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Guarenas, los padres de la joven, al notar que no podían controlar el sangrado, la trasladaron al hospital. Una vez allí, los médicos indicaron que ya estaba séptica. Y aunque trataron de controlar la infección, Palma Rodríguez murió días después.

Desmantelaron red criminal

Tras aclarar la muerte de la joven, los oficiales siguieron con la pesquisas para detener a todos los involucrados en la práctica médica ilegal.

Como resultado de la investigación, detuvieron a otras dos personas (padre e hija) identificadas como Juan Carlos Martínez Betancourt, de 49 años de edad, y Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez, de 23 años. Ellos eran quienes se dedicaban a captar a las jóvenes que estuviesen pensando en interrumpir sus embarazos.

Las personas cobraban a las mujeres 120 dólares a cambio de llevarlas con Álvarez Aranguren, y luego esta realizaba los procedimientos sin cumplir con  medidas sanitarias.

Al inspeccionar el lugar de los hechos, los funcionarios encontraron como evidencias implementos utilizados en ginecología y medicamentos para tratar diversas patologías.

Todos los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía 30º del Ministerio Público del estado Miranda.


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