Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) denunció el domingo que la detención del joven Marcos Carabello, arrestado por realizar una sesión de fotos vestido de ángel frente a la Basílica de La Chinita, en Maracaibo, es una violación al derecho de la no discriminación y la libertad cultural.
En un comunicado conjunto, Laboratorio de Paz, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y Caleidoscopio Humano alertaron que el arresto del joven de 26 años constituye graves vulneraciones al ejercicio de los derechos culturales, por lo que exigen su inmediata liberación.
«Es muy preocupante que estas detenciones se suman a otras acciones de judicialización y criminalización que, por motivaciones religiosas, estigmatizantes y prejuicios, son discriminatorias y violatorias de derechos fundamentales y principios de igualdad y respeto a las expresiones por orientación sexual y género», señalaron las ONG en el comunicado.
Las organizaciones pidieron el cese la criminalización y judicialización del uso de espacios públicos o privados para actividades licitas, artísticas, de esparcimiento, creación cultural o libertad de expresión, pensamiento y desenvolvimiento.
Además, exigieron la liberación de Carabello y del ciudadano Nerio Antonio Bello Negrón, de 58 años de edad, quien también fue arrestado por suministrar la vestimenta y trabajar en la sesión de fotos realizada en la Basílica de La Chinita.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) indicó en Instagram que el detenido posó con un atuendo indecoroso para la grabación de un video en la Plazoleta de la iglesia San Juan de Dios (Basílica), el Monumento a la Virgen y la iglesia Santa Bárbara, en pleno centro de Maracaibo.
Criticaron que lo hizo sin importarles la presencia de niños e indicaron que la actividad atentó contra las buenas costumbres y el orden familiar.
Al momento de la detención fueron incautados «dos teléfonos móviles, una laptop, trozos de telas transparentes tipo malla de color blanco, un corsé, un par de alas, un par de botines y preservativos», de acuerdo con la minuta policial.
El delito del que se les acusa es ultraje al pudor público, que se castiga con prisión de entre 3 a 15 meses.