Matilde* no tuvo que pensarlo, simplemente dijo “no” ante la solicitud que le llegó de uno de sus superiores de enviarle diferentes datos personales como sus cuentas en redes sociales. “Lo que quieren es vigilarnos al monitorear nuestras publicaciones, que son personales, para después hasta meternos presos”.
Ella trabaja en un hospital de estado Carabobo y sus compañeros de diferentes departamentos también recibieron el mismo mensaje. La mayoría, por temor, envío la información que le pidieron.
“Yo lo hice porque me da miedo que me despidan. Dependo de este sueldo”, dijo uno de los empleados del lugar con más de 10 años de servicio.
Pero, antes de enviar su usuario en Instagram y Facebook, revisó y borró las publicaciones que consideró políticas para evitar represalias.
El precio de la privacidad en redes sociales
La decisión de Matilde tuvo consecuencias. Tras 16 años de servicio, los últimos dos como supervisora de su departamento, fue removida de su cargo y enviada a otro centro de salud.
“Lo que había logrado con vocación y dedicación me lo quitaron porque me negué a enviar mis datos de redes sociales. Ese es el precio que me tocó pagar por defender mi privacidad”.
Pese a la injusticia a la que fue sometida, ella cree que pudo ser peor. A principios de agosto, una compañera fue despedida por publicar en sus estados de WhatsApp mensajes, fotos y videos en contra del resultado de la elección presidencial anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Yo pensé que en lugar de cambiarme de lugar de trabajo y de quitarme como supervisora me despedirían”, dijo. Ahora tiene que tomar tres buses para llegar desde su casa.
9 educadores despedidos por negarse a sus redes sociales
Esta medida no solo se está implementando en el sector salud. Docentes pertenecientes a la Secretaría de Educación de la gobernación también han recibido la solitud del envío de datos personales como nombres y apellidos, cédula, cargo, servicio, números de teléfono, cuenta de Instagram y de Facebook.
Solo en la parroquia Mariara del municipio Diego Ibarra hay nueve educadores que fueron despedidos por negarse a dar esa información de sus redes sociales, según los datos de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), que también incluyen a dos docentes de Guacara y uno de Montalbán en la misma situación.
Quienes son parte de la nómina del Ministerio de Educación como maestros titulares también recibieron la solicitud. “Se han negado y los amenazan con cambiarlos de colegio, suspenderles el sueldo o botarlos”, denunció el presidente de la FVM en Carabobo, Luis Guillermo Padrón.
El representante gremial teme que con el inicio del año escolar, el lunes 30 de septiembre, se agudicen las medidas de intimidación y vigilancia política de los docentes.
*Nombre modificado para resguardar identidad de la fuente.
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