La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un campamento de minería ilegal en el sector Mina Escondida, en el estado Amazonas.
El jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofan), Domingo Hernández Lárez, informó en X que fueron detenidos cuatro ciudadanos, identificados como: Olmes Peña Berajano, de nacionalidad colombiana, y los venezolanos José Manuel Blanca, Osmar Antonio Cuervo Cabrera y Eudibel Rodríguez.
“Todos aquellos ciudadanos que incumplan la ley serán judicializados y sus materiales destruidos por ecocidio y permanencia ilegal y arbitraria”, agregó.
A finales de febrero, Hernández Lárez informó de la expulsión de más de 60 colombianos que trabajaban en una mina ilegal que colapsó en el estado Bolívar, dejando un saldo de 16 fallecidos y 36 lesionados.
En esa oportunidad explicó que las personas desalojadas, que fueron llevadas hasta Colombia, usaban balsas mineras y ocasionaban «graves daños a la capa vegetal y a los lechos de las cuencas hidrográficas en parques nacionales», sin aclarar si se impuso alguna sanción legal, además de la expulsión.
En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en el sur del país que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara a los militares una «batalla» para «limpiar» la porción venezolana de la Amazonía.
453 personas evacuadas
Hernández Lárez aseguró además que se evacuó a 453 ciudadanos que se encontraban en situación de permanencia ilegal en el área denominada Agua Blanca, ubicada dentro del Parque Nacional Caura.
Explicó que está bajo protección especial como parte del Parque Nacional Caura, un espacio con un estatus legal que exige a la ciudadanía el cuidado y la conservación de la riqueza natural presente.
«La conservación del medio ambiente es un deber ético constitucional y debe cumplirse para garantizar la vida de la especie humana en el planeta. Los derechos de la naturaleza tendrán preponderancia sobre los derechos particulares», dijo.